Investigan posible infiltración de escoltas de la UNP en el magnicidio de Miguel Uribe
Resumen
La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación tras hallar coincidencias técnicas entre los teléfonos de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección y los dispositivos de condenados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Los registros de ubicación sitúan a los funcionarios en el sector de Modelia y cerca del Congreso en fechas previas al atentado de junio de 2025. Estas evidencias se suman al hallazgo de un contacto registrado como "escolta del senador" en el celular de alias 'Chipi', señalado como cerebro logístico del crimen.
El testimonio de un menor de edad, quien presuntamente integró la estructura criminal, refuerza la sospecha de una posible filtración de información privilegiada sobre las rutinas y movimientos del entonces precandidato presidencial. El joven relató haber presenciado una comunicación telefónica donde se mencionaban manifestaciones, además de confirmar el intercambio de datos sobre la vivienda y vehículos del político. Las autoridades buscan determinar si los escoltas entregaron información deliberadamente o si el contacto fue una fachada utilizada por los criminales para ganar confianza.
Como consecuencia inmediata de estos hallazgos, la Unidad Nacional de Protección decidió modificar el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay. Actualmente, doce personas integran su protección, mientras sectores cercanos al Centro Democrático han sugerido que la mujer debería salir del país por razones de seguridad. La Fiscalía continúa contrastando los registros de antenas y las declaraciones para esclarecer si existió una vulneración interna en la protección del exsenador.
Análisis Político
La estrategia política se centra en la judicialización de la seguridad, donde la revelación de una posible infiltración busca deslegitimar la eficacia de las instituciones estatales encargadas de la protección de figuras públicas. Al vincular a funcionarios de la UNP con estructuras criminales como la Segunda Marquetalia, se traslada el debate desde la responsabilidad material del crimen hacia una crisis de confianza en los esquemas de protección del Estado.
El gran perdedor es la institucionalidad de la UNP, cuya credibilidad queda en entredicho ante la opinión pública, mientras que el Centro Democrático capitaliza el evento para reforzar una narrativa de vulnerabilidad y persecución política. La construcción de la narrativa se divide entre la hipótesis de una traición interna, que favorece la tesis de un magnicidio planeado con complicidad estatal, y la posibilidad de una manipulación criminal para desviar la atención, lo que mantiene el caso en un terreno de alta tensión política.
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