Indepaz reporta 45 líderes sociales asesinados en los primeros 100 días de GobiernoActualizado · hace 4 días
Resumen
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un balance sobre la situación de derechos humanos durante los primeros cien días de la administración de Abelardo de la Espriella. El informe documentó el asesinato de 45 líderes sociales, ocho firmantes del acuerdo de paz y la ocurrencia de 26 masacres que dejaron 87 víctimas mortales. Estas cifras reflejan una frecuencia de un homicidio de líder social cada 2,2 días entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
Los departamentos de Cauca y Antioquia concentran la mayor parte de los hechos violentos registrados en el periodo. El documento también incluye denuncias sobre 6.667 personas desplazadas, ocho bombardeos y seis casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que requieren investigación. La organización destacó que la violencia afecta gravemente la confianza en los procesos de reincorporación y debilita el tejido social en las comunidades locales.
Indepaz aclaró que estos indicadores no son una consecuencia directa y exclusiva de las decisiones del actual Gobierno, al reconocer que responden a conflictos territoriales de larga data. Sin embargo, enfatizó que el Estado mantiene la obligación constitucional de proteger a la población civil y prevenir la violencia. La entidad instó a las autoridades a investigar los casos y a no medir el éxito de la seguridad únicamente mediante operaciones militares o capturas.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en la visibilización de resultados operativos, como capturas y golpes a estructuras criminales, para consolidar su narrativa de seguridad. Por el contrario, organizaciones como Indepaz construyen una narrativa basada en el costo humano, señalando que la seguridad no puede limitarse a la fuerza militar, sino que debe evaluarse por la protección efectiva de la vida y la prevención de desplazamientos.
En este escenario, el Gobierno pierde legitimidad ante sectores que exigen garantías para los derechos humanos, mientras que la oposición y organizaciones sociales ganan terreno al posicionar el debate sobre la persistencia de la violencia estructural. La construcción de narrativas distintas evidencia una tensión entre la política de seguridad de mano dura y la necesidad de una salida negociada al conflicto, dejando al Estado en una posición defensiva frente a las cifras de violencia en los territorios.
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