El Ministerio de Salud y el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) reportaron un incremento del 400% en las intoxicaciones por líquidos de vapeadores durante los últimos cinco meses. El 84% de las consultas registradas corresponde a menores de cinco años, quienes sufren cuadros graves tras ingerir accidentalmente el contenido de estos dispositivos. Especialistas advierten que basta la ingesta de unas pocas gotas para provocar efectos neurotóxicos, respiratorios y cardiovasculares que requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Paralelamente, la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes reveló que uno de cada tres adolescentes chilenos ha probado cigarrillos electrónicos, superando el consumo de tabaco tradicional en este grupo etario. La ministra de Salud, May Chomali, calificó estas cifras como alarmantes y anunció un refuerzo en las fiscalizaciones de los puntos de venta, a pesar de que la comercialización a menores ya se encuentra prohibida. Las autoridades enfatizaron que la percepción de riesgo es baja debido a la publicidad que presenta estos productos como inofensivos. Ante este escenario, los diputados Roberto Arroyo y Catalina Del Real presentaron un proyecto de ley para exigir cierres de seguridad infantil en los envases de líquidos para vapear. La iniciativa busca establecer estándares técnicos obligatorios, similares a los aplicados en medicamentos, para fabricantes e importadores. Esta medida pretende cerrar vacíos legales y garantizar que los recipientes sean efectivamente seguros, medibles y fiscalizables para evitar accidentes domésticos.

Análisis político

La estrategia política se centra en la convergencia entre la gestión sanitaria y la respuesta legislativa ante una crisis de salud pública emergente. El Ministerio de Salud utiliza datos técnicos para validar campañas de prevención y justificar un endurecimiento en la fiscalización, mientras que parlamentarios de diversas bancadas aprovechan el consenso sobre la protección infantil para impulsar regulaciones técnicas que limiten la comercialización. Esta dinámica busca trasladar la responsabilidad desde el ámbito privado del hogar hacia el control estatal de la industria. En este evento, el sector salud y los legisladores que promueven la regulación ganan capital político al posicionarse como protectores de la infancia, mientras que la industria de los vapeadores pierde legitimidad ante la evidencia de riesgos neurotóxicos y la falta de medidas de seguridad en sus productos. La narrativa oficial construye al vapeador como una amenaza oculta que engaña a los adolescentes, contraponiéndose a la imagen de producto 'cool' promovida por el mercado, lo que facilita la justificación de futuras restricciones legales más severas.