El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) inició un proceso sancionatorio contra los propietarios de un apartamento en el conjunto Altos de Santana, tras la demolición no autorizada de una escalera original diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona. La intervención, que fue difundida en redes sociales por la firma Deconama Studio, incluyó modificaciones en muros, pisos y ventanales sin contar con los permisos exigidos por la ley. El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural desde 2010, posee un nivel de protección que obliga a conservar su diseño arquitectónico original, incluyendo las circulaciones internas. Diego Parra, director del IDPC, confirmó que los responsables enfrentan posibles multas de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales, además de la obligación de restituir el inmueble a sus condiciones previas. La Fundación Rogelio Salmona calificó la obra como una intervención irrespetuosa que ignora el valor histórico y simbólico de la arquitectura del maestro colombo-francés. La entidad enfatizó que la protección patrimonial no impide las adaptaciones necesarias, siempre que estas sean consultadas y aprobadas por las autoridades competentes. La polémica ha puesto bajo la lupa la responsabilidad de los propietarios y profesionales en la preservación del legado arquitectónico de la capital. Mientras el IDPC recopila pruebas para determinar las sanciones definitivas, se ha recordado que la declaratoria de Bien de Interés Cultural figura en los certificados de libertad y tradición de los inmuebles. Este caso subraya la tensión entre las necesidades de remodelación privada y el cumplimiento de las normas de conservación urbana en Bogotá.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la defensa del patrimonio público como un activo de identidad colectiva frente a la privatización del espacio arquitectónico. El IDPC utiliza este caso como un mecanismo de pedagogía institucional para reafirmar su autoridad sobre las intervenciones privadas en bienes protegidos, buscando disuadir futuras infracciones mediante la amenaza de sanciones económicas severas y la exigencia de restitución física. El evento genera una pérdida reputacional para los propietarios y la firma de diseño involucrada, quienes son señalados por una falta de ética profesional y desconocimiento de la normativa. Por otro lado, el IDPC y la Fundación Rogelio Salmona ganan legitimidad al posicionarse como guardianes de la memoria histórica. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: el interés privado que busca modernizar espacios frente al interés público que prioriza la preservación de la poética arquitectónica de Salmona.