El grupo Hamás anunció la disolución del Comité de Emergencia que administraba la Franja de Gaza, marcando el fin de casi dos décadas de control directo sobre el enclave. Esta decisión incluye la dimisión de su jefe administrativo, Mohamed al Farra, y busca formalizar el traspaso de funciones hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). El personal técnico y profesional de los ministerios permanecerá en sus cargos para garantizar la continuidad de los servicios básicos bajo la supervisión del nuevo organismo tecnocrático. La medida responde a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y la Junta de Paz liderada por Donald Trump. El objetivo declarado por los portavoces del grupo es privar a Israel de argumentos para continuar con las operaciones militares y facilitar la reconstrucción del territorio. El NCAG, compuesto por doce tecnócratas palestinos, está diseñado para gestionar los asuntos civiles, aunque su entrada efectiva en la Franja ha sido bloqueada por el Gobierno israelí durante meses. La implementación de este cambio político enfrenta un estancamiento significativo debido a la falta de consenso sobre el desarme de las milicias. Mientras Hamás condiciona su desarme a una iniciativa política integral, Israel mantiene su rechazo a cualquier autoridad que no garantice el control total de las armas y la seguridad. Esta divergencia mantiene el proceso de paz en un punto muerto, con ataques esporádicos y una crisis humanitaria que persiste a pesar del cese al fuego vigente desde octubre de 2025.

Análisis político

La estrategia de Hamás busca desplazar la presión internacional hacia Israel, presentándose como un actor dispuesto a ceder el poder civil para favorecer la reconstrucción y el fin de las hostilidades. Al disolver su estructura administrativa, el grupo intenta deslegitimar la narrativa israelí que justifica la ofensiva militar bajo la premisa de combatir a un gobierno terrorista, trasladando la responsabilidad de la parálisis administrativa al bloqueo impuesto por Tel Aviv. En este escenario, el gran perdedor es la población civil de Gaza, que permanece atrapada en un vacío de poder donde las decisiones políticas no se traducen en mejoras operativas ni en el cese definitivo de la violencia. Israel mantiene una posición de fuerza al condicionar la entrada del comité tecnocrático al desarme total, mientras que Hamás gana tiempo político al intentar normalizar su transición hacia un rol menos expuesto, aunque sin renunciar a su capacidad armada, lo que perpetúa el bloqueo del plan de paz.