Hallan tres cuerpos enterrados en casa de torturas del Barrio YungayActualizado · hace 2 días
Resumen
La Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECOH hallaron tres cuerpos enterrados bajo el piso de una casona en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Los restos fueron encontrados tras excavaciones en un inmueble que, según las indagatorias, funcionó como centro de secuestros, torturas y acopio de drogas. La propiedad pertenece al exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, quien presentó una querella por usurpación tras haber sido ocupada ilegalmente por una banda criminal de origen peruano conocida como Los Bulnes.
Los peritajes forenses realizados por el Servicio Médico Legal determinaron que los cuerpos presentan distintas datas de muerte. Dos de ellos fueron hallados a medio metro de profundidad bajo un piso flotante, mientras que un tercero fue encontrado a un metro y medio de profundidad. Las autoridades investigan si las víctimas corresponden a personas secuestradas o ajustes de cuentas vinculados a la organización criminal, cuyos integrantes fueron detenidos previamente en octubre de 2026.
El hallazgo ha generado preocupación por la consolidación de estructuras delictivas internacionales en el país. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el hecho como una alerta sobre la presión que ejercen estas bandas organizadas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para identificar a los fallecidos y descartar la presencia de más restos en el lugar.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de control territorial por parte de bandas criminales transnacionales que utilizan la ocupación ilegal de inmuebles para establecer centros de operaciones clandestinos. Esta dinámica pone en tensión la capacidad del Estado para recuperar espacios urbanos y proteger el derecho a la propiedad privada, exponiendo la vulnerabilidad de los barrios céntricos ante el crimen organizado.
El gobierno y las instituciones de seguridad ganan legitimidad al mostrar resultados operativos concretos, pero pierden terreno en la percepción pública de seguridad al confirmarse la existencia de 'casas de tortura' en la capital. La narrativa oficial se construye desde la urgencia de combatir una amenaza externa, mientras que los actores afectados, como el dueño del inmueble, enfatizan la ineficacia de los mecanismos legales previos para desalojar a los ocupantes y prevenir la comisión de delitos graves.
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