El cuerpo del abogado Juan José Salazar fue recuperado durante la madrugada de este domingo entre los escombros del edificio Ana Pilar en Cali. El jurista permanecía desaparecido desde el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país el pasado 10 de agosto. En el momento del colapso, Salazar se encontraba junto a su novia, Valentina Marcano, quien también fue hallada sin vida en el lugar. Salazar era una figura reconocida en el ámbito judicial por su vinculación al proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El abogado había sido investigado junto a Diego Cadena por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, aunque en septiembre de 2025 fue absuelto en primera instancia por un juez de Bogotá. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por organismos de socorro que continúan las labores de búsqueda en la zona. Colegas y allegados, incluyendo al abogado Diego Cadena, expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Las publicaciones destacaron el compromiso de mantener la honra del fallecido, mientras las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantienen el seguimiento a la emergencia. El evento se enmarca en una crisis humanitaria mayor que afecta a miles de damnificados en el Valle del Cauca.

Análisis político

La muerte de Salazar activa una narrativa de reivindicación personal por parte de su círculo profesional más cercano, quienes utilizan el espacio público para blindar su reputación judicial. Esta estrategia busca transformar el fallecimiento en un acto de defensa póstuma, intentando desvincular su figura de las controversias legales que marcaron su carrera profesional en el caso Uribe. El evento genera una tensión entre la tragedia humanitaria del terremoto y la carga política del proceso judicial mencionado. Mientras los sectores cercanos al abogado intentan consolidar una narrativa de lealtad y honor, el sistema judicial pierde a un actor clave en un proceso que aún se encuentra en etapa de apelación, dejando un vacío en la construcción de la verdad procesal sobre los hechos investigados.