La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, realizó una movilización nacional el 1 de octubre en rechazo a los recortes en educación contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Los manifestantes denunciaron la eliminación de becas TIC, reducciones en financiamiento basal universitario y recortes en infraestructura. La jornada, que reunió entre 6.000 y 20.000 personas según distintas fuentes, terminó con incidentes y la intervención de Carabineros con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, a pesar de contar con autorización previa. El Presidente José Antonio Kast cuestionó la oportunidad de la protesta, calificándola de "preventiva" y argumentando que los dirigentes no habían analizado el contenido técnico del presupuesto. El mandatario instó a los estudiantes a revisar los datos con responsabilidad antes de movilizarse, enfatizando que el erario se ha elaborado de manera seria. Por su parte, los dirigentes estudiantiles, encabezados por Laura Mlynarz, acusaron al Ejecutivo de falta de diálogo y de implementar una política de recortes que afecta directamente a las familias chilenas. La tensión escaló tras enfrentamientos en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, donde se registraron agresiones entre grupos estudiantiles. Las organizaciones sociales solicitaron una reunión con el delegado presidencial de la Región Metropolitana para exigir explicaciones sobre el operativo policial y el uso de medidas disuasivas. Ante la falta de comunicación con el Gobierno, los estudiantes anunciaron que trasladarán su labor de fiscalización y presión directamente al Congreso Nacional.

Análisis político

El conflicto evidencia una estrategia de polarización donde el Ejecutivo busca deslegitimar la protesta social apelando a la tecnocracia y al orden, mientras que el movimiento estudiantil y sindical apuesta por la construcción de una alianza social amplia para contrarrestar la narrativa gubernamental. El Gobierno intenta posicionarse como un administrador responsable frente a una oposición que califica de desinformada, buscando evitar que la calle dicte la agenda legislativa antes de la discusión parlamentaria. En este escenario, el Gobierno corre el riesgo de un mayor desgaste político al enfrentar una desaprobación creciente y una movilización que logra articular diversos sectores gremiales. Por otro lado, los estudiantes ganan visibilidad y capacidad de presión, aunque pierden terreno en la opinión pública cuando los incidentes violentos eclipsan sus demandas presupuestarias. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo enfatiza el orden y la responsabilidad fiscal, mientras que los actores sociales priorizan la defensa de derechos sociales y la denuncia de una supuesta represión desmedida.