La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto, investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. La causa se centra en el supuesto pago de más de 100 millones de pesos por asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no habrían sido realizadas durante su periodo como diputado entre 2018 y 2022. El parlamentario rechazó las acusaciones, calificándolas de falsas, y anunció que apelará la resolución ante la Corte Suprema para defender su inocencia. El senador argumentó que el desafuero no constituye una condena y que el proceso judicial le permitirá presentar sus descargos ante las instancias correspondientes. Calisto sostiene que las auditorías del Consejo de Asignaciones Parlamentarias no presentaron observaciones sobre su gestión y que la investigación ha sido injusta. Esta es la segunda vez que el legislador enfrenta un proceso de esta naturaleza, tras haber sido desaforado previamente en 2025 durante su ejercicio como diputado. La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, emitió una declaración pública manifestando su respeto por la autonomía del Poder Judicial. La corporación aseguró que la situación judicial del senador no alterará el funcionamiento legislativo ni el calendario de trabajo de la Cámara Alta. El fallo permite que el Ministerio Público avance en la causa penal, donde ya ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se basa en desvincular el desafuero de una culpabilidad penal, utilizando su capital político y el respaldo electoral obtenido en Aysén para cuestionar la legitimidad de la investigación. Al mismo tiempo, la Mesa del Senado adopta una postura institucional de neutralidad y respeto a la separación de poderes, buscando blindar la imagen de la corporación frente a las acusaciones de corrupción que afectan a uno de sus miembros. El Gobierno de José Antonio Kast es el principal afectado en términos de gobernabilidad, ya que la pérdida de un voto relevante complica la mayoría oficialista en el Senado, obligando al Ejecutivo a negociar con sectores independientes o de oposición. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al lograr la luz verde judicial para avanzar en un caso emblemático de uso de recursos públicos, mientras que el senador pierde su inmunidad, quedando expuesto a un juicio penal que podría derivar en una condena de 12 años de cárcel.