La controversia surgió tras las declaraciones de Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien acusó al Gobierno de Gustavo Petro de bloquear el aprovechamiento de aguas tratadas de la PTAR El Salitre durante la crisis de racionamiento en Bogotá. Según Arjona, la falta de decisiones técnicas impidió el uso de 5.500 litros por segundo de agua tratada para fines industriales, lo que habría mitigado la presión sobre los embalses. El presidente Petro rechazó estas afirmaciones, asegurando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó vía libre al proyecto desde enero de 2025. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, respaldó la postura presidencial al afirmar que el piloto no requería una nueva licencia ambiental, basándose en un concepto técnico emitido por la ANLA a inicios de 2025. Por su parte, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, contradijo esta versión al señalar que el proyecto sigue estancado debido a la falta de claridad regulatoria. Avendaño presentó documentos donde la propia ANLA indica que se requiere un trámite de concesión para el uso del agua por parte de terceros, lo que mantiene el proceso en un limbo administrativo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, intervino en el debate señalando que el presidente Petro está siendo mal informado por sus funcionarios sobre el estado real de los trámites. La discusión técnica se centra en la diferencia entre recirculación y reúso, siendo este último el punto que aún carece de una definición normativa por parte del Ministerio de Ambiente. Mientras el Gobierno saliente insiste en que no existen obstáculos, el Distrito y el equipo del presidente electo sostienen que la descoordinación institucional ha impedido la ejecución de la solución hídrica.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación narrativa donde el gobierno entrante busca capitalizar el descontento ciudadano por los racionamientos pasados, posicionándose como una administración técnica y eficiente frente a la gestión saliente. Al señalar una supuesta negligencia en la toma de decisiones, el equipo de De la Espriella construye una imagen de orden y capacidad resolutiva, mientras el gobierno de Petro intenta defender su legado ambiental argumentando que las trabas son inexistentes o producto de interpretaciones erróneas de la normativa. En este escenario, el alcalde Galán se posiciona como un actor que busca desmarcarse de la narrativa presidencial, utilizando la evidencia técnica para cuestionar la veracidad de la información que recibe el jefe de Estado. El gran perdedor es la institucionalidad ambiental, cuya imagen se desgasta ante la opinión pública debido a la evidente falta de coordinación y al pimponeo de competencias entre entidades, lo que termina postergando soluciones críticas para la seguridad hídrica de la capital.