El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó la revocatoria de más de 60 contratos suscritos durante la administración de Gustavo Petro, los cuales sumaban cerca de 469.000 millones de pesos. El vocero oficial, Miller Soto, detalló que se radicaron 13 denuncias ante autoridades penales, disciplinarias y fiscales tras detectar presuntas irregularidades, incluyendo la concentración de recursos en una sola empresa con baja ejecución. Además, se reportó que el último ministro de la cartera no ha entregado las llaves de bodegas que contienen mercancías de la DIAN valoradas en 16.800 millones de pesos. El proceso de liquidación ha derivado en una reestructuración administrativa profunda para reducir gastos operativos. Se anunció la supresión de los cinco viceministerios y la eliminación de más de 40 cargos directivos, medidas que proyectan un ahorro anual superior a los 13.500 millones de pesos. Adicionalmente, el Ejecutivo ordenó el desmonte de cinco de los ocho pisos arrendados por la entidad, buscando optimizar los recursos durante el cierre definitivo del Ministerio. Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley de creación de la entidad. El liquidador, John Milton Rodríguez, ha restringido la firma de nuevos contratos, permitiendo únicamente aquellos indispensables para el proceso de cierre. La administración actual sostiene que estas medidas de depuración son necesarias para corregir la gestión de la administración anterior y proteger el patrimonio público.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella se centra en la narrativa de la austeridad y la lucha contra la corrupción para deslegitimar la gestión de su antecesor. Al presentar hallazgos específicos y denuncias ante entes de control, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente el proceso de liquidación, posicionándose como un administrador eficiente que recupera recursos públicos frente a lo que denomina una gestión irregular de última hora. El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al ejecutar recortes drásticos que cumplen con la promesa de reducir la burocracia, mientras que el sector político del expresidente Petro pierde terreno al quedar asociado con denuncias de presunta mala administración. La construcción de esta narrativa permite al actual Ejecutivo justificar la eliminación de la estructura ministerial no solo como un mandato judicial, sino como una medida necesaria para sanear las finanzas estatales.