El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó mediante la Resolución 429 de 2026 el retiro de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esta figura había sido otorgada originalmente en 2023 por la administración de Gustavo Petro bajo la política de Paz Total. La medida actual pone fin formal a un estatus que ya había sido cuestionado por diversos sectores y tribunales del país. La decisión del Ejecutivo se produce tras una serie de actuaciones del Consejo de Estado, que en agosto de 2026 suspendió provisionalmente el nombramiento original. El alto tribunal argumentó que el acto administrativo carecía de límites temporales, geográficos y funcionales precisos, además de presentar una justificación insuficiente sobre las actividades que el exjefe paramilitar debía desarrollar. Diversas demandas ciudadanas habían señalado que la designación original presentaba irregularidades y riesgos de revictimización. Este cambio administrativo se enmarca en la nueva postura del Gobierno frente a los mecanismos de diálogo heredados del mandato anterior. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha manifestado que la administración actual no mantendrá figuras como los gestores de paz ni mesas de diálogo que, a su juicio, fortalecen a los grupos criminales. Aunque la revocatoria es definitiva en el ámbito administrativo, las actuaciones judiciales de Mancuso ante la Fiscalía y la JEP continúan su curso independiente.

Análisis político

La revocatoria de la gestoría de paz de Salvatore Mancuso responde a una estrategia de ruptura política con el modelo de seguridad y paz del gobierno anterior. Al desmantelar esta figura, la administración de De la Espriella busca capitalizar el descontento de sectores que consideraban el nombramiento como una afrenta a las víctimas y una validación indebida de actores del conflicto. Esta acción permite al Gobierno actual consolidar una narrativa de 'mano dura' y orden, distanciándose de la política de Paz Total que, según su visión, resultó en el fortalecimiento de estructuras criminales. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al cumplir con una promesa de rectificación institucional, mientras que el legado de la administración Petro pierde uno de sus símbolos más polémicos. Por otro lado, el exjefe paramilitar pierde el estatus oficial que le otorgaba un marco de protección y legitimidad para su interlocución con el Estado. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Gobierno presenta la medida como un acto de justicia y orden, los defensores de la política anterior podrían interpretarla como un retroceso en los esfuerzos por esclarecer la verdad del conflicto armado.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Resolución 429 de 2026, mediante la cual se retira oficialmente la condición de gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Esta figura había sido otorgada en agosto de 2023 por el entonces presidente Gustavo Petro, bajo el marco de la política de 'paz total', con el objetivo de que el excomandante de las AUC contribuyera al diseño de procesos de desarme y al esclarecimiento de la verdad. La decisión del actual Ejecutivo pone fin a un rol que había sido objeto de intensos debates públicos y judiciales desde su implementación. La medida administrativa se produce tras una serie de actuaciones del Consejo de Estado, que en agosto de 2026 suspendió provisionalmente la resolución original de 2023. El alto tribunal argumentó que el nombramiento carecía de límites temporales, geográficos y funcionales claros, calificando la justificación del gobierno anterior como general e insuficiente. Diversas demandas ciudadanas, incluyendo recursos de nulidad, señalaron que la falta de precisión en las actividades de Mancuso podía derivar en una revictimización de las personas afectadas por el conflicto armado. Este retiro de la designación se enmarca en un cambio de enfoque en la política de seguridad y paz del gobierno de De la Espriella, que ha optado por terminar los espacios de diálogo sociojurídico heredados de la administración previa. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha enfatizado que el nuevo proyecto de ley de sometimiento no contempla la figura de gestores de paz para actores criminales. Con esta resolución, el Gobierno busca reafirmar su postura de aplicar la fuerza estatal contra las estructuras que no se sometan a la ley, marcando una ruptura definitiva con los mecanismos de interlocución utilizados anteriormente.

Análisis político

La revocatoria de la gestoría de paz de Salvatore Mancuso evidencia una estrategia de desmantelamiento institucional de la política de 'Paz Total' del gobierno anterior. Al utilizar una resolución presidencial para formalizar el retiro, el gobierno de De la Espriella busca capitalizar el descontento de sectores críticos con la administración Petro, quienes consideraban que el nombramiento de exjefes paramilitares como gestores era una concesión inaceptable que revictimizaba a la sociedad. Esta acción permite al actual mandatario consolidar una narrativa de 'mano dura' y orden público, distanciándose de los procesos de diálogo que, según su visión, fortalecieron a las estructuras criminales en lugar de desarticularlas. En este escenario, el Gobierno y el Consejo de Estado emergen como los principales actores que reconfiguran el marco legal de la paz, mientras que el legado de la administración Petro pierde su principal instrumento de interlocución con los antiguos jefes de las AUC. El gran perdedor es el exjefe paramilitar, quien pierde su estatus especial y queda expuesto a las consecuencias judiciales ordinarias sin el blindaje político que le otorgaba la gestoría. La narrativa oficial se construye ahora bajo la premisa de que la paz no se negocia con figuras del pasado, sino que se impone mediante la fuerza del Estado, un mensaje que busca legitimidad en la opinión pública que demandaba resultados concretos frente a la criminalidad.