El Ministerio de Transporte publicó el proyecto de resolución que reglamenta la Ley 2486 de 2025, estableciendo nuevas condiciones técnicas y de seguridad para patinetas, scooters y bicicletas eléctricas. La normativa exige el uso obligatorio de casco certificado, elementos reflectivos y sistemas de iluminación, además de prohibir la circulación por andenes y puentes peatonales. Estas medidas buscan reducir la accidentalidad vial ante el crecimiento acelerado de la micromovilidad en las principales ciudades del país. Uno de los cambios más significativos es la implementación de una lámina de identificación técnica obligatoria para todos estos vehículos, la cual deberá estar instalada a partir del 1 de enero de 2027. Los fabricantes e importadores serán responsables de entregar los nuevos equipos con este distintivo, mientras que los propietarios actuales deberán gestionar su elaboración y colocación. La norma mantiene la exención de SOAT y licencia de conducción, pero faculta a las autoridades locales para restringir el tránsito según las condiciones de infraestructura y seguridad de cada municipio. El incumplimiento de estas disposiciones, que incluyen límites de velocidad de 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en vías urbanas, será sancionado con multas equivalentes a seis salarios mínimos diarios legales vigentes. Los agentes de tránsito también tendrán la potestad de inmovilizar los vehículos en casos de maniobras peligrosas, conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas o transporte de pasajeros no autorizados. El proyecto se encuentra en fase de consulta pública hasta el 9 de julio para recibir observaciones ciudadanas antes de su expedición definitiva.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la formalización de un sector que operaba en un vacío normativo, utilizando la regulación técnica como herramienta de control social y seguridad vial. Al delegar facultades de restricción a las autoridades locales, el Ministerio de Transporte traslada la responsabilidad operativa a los alcaldes, permitiendo que la norma se adapte a las realidades de infraestructura de cada territorio sin generar un conflicto centralizado. Los grandes ganadores son los actores viales que demandaban orden en el espacio público, mientras que los usuarios de micromovilidad asumen el costo económico y logístico de la adecuación técnica. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la sostenibilidad ambiental y la seguridad ciudadana, posicionando la identificación de vehículos como un mecanismo necesario para la convivencia, mientras que los usuarios perciben la medida como una carga administrativa adicional en su alternativa de transporte.