El Gobierno nacional expidió el Decreto 0732 de 2026, el cual establece un procedimiento gratuito para que personas trans y no binarias modifiquen el componente 'sexo' en su registro civil de nacimiento. La norma permite incluir las categorías de no binario y transgénero en los documentos de identidad, eliminando la exigencia de certificados médicos o psicológicos para realizar el trámite. Esta medida busca garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y facilitar el acceso a documentos oficiales sin barreras económicas. La implementación de este decreto responde al cumplimiento de la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó al Estado adoptar mecanismos para reconocer las identidades de género diversas. El trámite, que debe realizarse ante una notaría, permite también el cambio de nombre en el mismo acto sin costo adicional por una única vez. Posteriormente, los ciudadanos podrán actualizar su cédula de ciudadanía ante la Registraduría Nacional del Estado Civil bajo los parámetros establecidos por la entidad. La firma de este decreto fue uno de los últimos actos administrativos del saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien calificó la decisión como un logro de la agenda progresista del Gobierno. La expedición de la norma coincide con el anuncio del relevo en dicha cartera, donde Cielo Rusinque asumirá como ministra encargada tras la salida de Cuervo. El decreto entró en vigor inmediatamente después de su publicación, consolidando un cambio en los procedimientos administrativos del sector justicia.

Análisis político

La expedición del decreto se utiliza como una estrategia de cierre de gestión para consolidar el legado ideológico del sector progresista dentro del Gobierno, priorizando la agenda de derechos civiles en un momento de transición ministerial. Al enmarcar la medida en el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional, el Ejecutivo busca blindar jurídicamente una política pública que refuerza su narrativa de inclusión y reconocimiento de identidades diversas, diferenciándose de posturas conservadoras. En este escenario, el Gobierno gana capital político ante sus bases electorales al materializar una demanda histórica de los colectivos LGTBIQ+, mientras que el exministro Cuervo capitaliza la firma como un hito personal antes de su salida. Por otro lado, la narrativa se construye bajo la tensión entre la autonomía administrativa del Ejecutivo y las directrices judiciales, donde el Gobierno se posiciona como un facilitador de derechos frente a las barreras burocráticas previas, minimizando el impacto de la inestabilidad ministerial al presentar la norma como un avance institucional permanente.