El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, fijando un monto de 635 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento de aproximadamente 60 billones frente a la propuesta inicial del gobierno anterior, la cual fue devuelta por las comisiones económicas. El ministro Miguel Gómez calificó el nuevo documento como el Presupuesto de la Verdad, argumentando que la administración previa omitió partidas obligatorias en salud, pensiones, subsidios eléctricos y nómina estatal. La estructura del presupuesto destina el 62% a gastos de funcionamiento, el 24% al servicio de la deuda y el 14% a inversión. El Ejecutivo señaló que el alto nivel de endeudamiento, que alcanza el 60% del PIB, limita el crecimiento económico y obliga a una reestructuración fiscal. Además, se incluyeron presiones de gasto derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el Chocó, que afectó la infraestructura y la estabilidad financiera del país. Para mitigar el déficit fiscal, que el Gobierno estima en un 8,2% del PIB para 2026, se anunció un plan de austeridad y la radicación de una Ley de Rescate Económico. Esta iniciativa busca reducir el gasto mediante la reorganización de entidades estatales y recortes en contratos de prestación de servicios. El proyecto deberá ser debatido y aprobado por las comisiones económicas conjuntas antes del 15 de septiembre.

Análisis político

El Gobierno despliega una estrategia de deslinde político al etiquetar el proyecto como el Presupuesto de la Verdad, buscando trasladar la responsabilidad de la crisis fiscal a la administración de Gustavo Petro. Al denunciar omisiones técnicas y presupuestos desfinanciados, el Ejecutivo justifica la necesidad de medidas de austeridad y nuevas leyes fiscales, posicionándose como el actor que asume el costo político de sincerar las cuentas públicas frente a la opinión pública y los mercados. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad técnica al presentar un plan de choque, pero asume el riesgo de enfrentar una fuerte oposición legislativa ante los recortes anunciados. La narrativa se construye sobre la dicotomía entre la supuesta irresponsabilidad del pasado y la disciplina fiscal del presente, mientras que la oposición probablemente intentará cuestionar la magnitud del incremento presupuestal y el impacto social de las medidas de austeridad en un contexto de crisis por el desastre natural.