El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027, fijado en 575,6 billones de pesos. Esta cifra equivale al 27% del Producto Interno Bruto y será el instrumento financiero que deberá ejecutar la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El trámite legislativo inicia en las comisiones económicas conjuntas, donde se evaluarán las fuentes de financiación y las prioridades de inversión pública. La propuesta incluye ingresos contingentes por 30,2 billones de pesos, sujetos a la aprobación de una ley de recursos adicionales por parte del Legislativo. El Ministerio de Hacienda saliente justificó el monto como una medida para garantizar el funcionamiento del Estado y la continuidad de programas sociales, a pesar de una reducción en los ingresos totales proyectados frente al año anterior. Expertos y sectores políticos han señalado que el proyecto presenta una desfinanciación significativa, lo que obligaría a ajustes o a la aprobación de una reforma tributaria para cubrir el faltante. El Congreso tiene plazo hasta el 15 de agosto para solicitar modificaciones al Ministerio de Hacienda y hasta el 20 de octubre para la aprobación definitiva del presupuesto. La estructura del gasto contempla 367,7 billones para funcionamiento, 118 billones para el servicio de la deuda y 90 billones para inversión pública. La discusión se perfila como un pulso político, dado que el presupuesto será ejecutado por el gobierno entrante, el cual ha manifestado intenciones de aplicar políticas de austeridad y posibles recortes.

Análisis político

La estrategia política observada es una transferencia de responsabilidad fiscal entre el gobierno saliente y el entrante, donde la administración actual intenta blindar sus programas sociales mediante un presupuesto ambicioso, mientras que el gobierno de Abelardo de la Espriella se enfrenta a un escenario de rigidez presupuestal. El Ejecutivo saliente utiliza la radicación como un mecanismo de control político para condicionar el margen de maniobra del nuevo gobierno, obligándolo a decidir entre aceptar el déficit, recortar inversión o impulsar una reforma tributaria propia. En este evento, el gobierno saliente busca dejar sentada su visión de gasto social, mientras que el gobierno entrante se posiciona como el actor que debe aplicar la austeridad, lo que le permite capitalizar políticamente cualquier recorte como una medida de responsabilidad fiscal. La narrativa del gobierno saliente se centra en la continuidad y la protección de los sectores vulnerables, mientras que la oposición y los analistas construyen una narrativa de irresponsabilidad fiscal y desfinanciación, preparando el terreno para una reconfiguración del gasto en los primeros meses de la nueva administración.