El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 105 artículos que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal en un 15% y atraer inversión privada. La propuesta incluye medidas tributarias como la reducción de la renta corporativa del 35% al 31% y la eliminación gradual de tarifas reducidas de IVA, lo que implica gravar productos como café, chocolate y servicios de medicina prepagada con la tarifa general del 19%. El Ejecutivo sostiene que estas acciones son necesarias para evitar una recesión y corregir el déficit fiscal heredado de la administración anterior. La iniciativa ha generado una fuerte polarización política, incluso dentro de las bancadas que apoyan al Gobierno. Mientras figuras como el exministro Mauricio Cárdenas respaldan la necesidad de un ajuste fiscal valiente, congresistas del Centro Democrático y Salvación Nacional han manifestado su rechazo a los nuevos impuestos que, según ellos, afectan severamente a la clase media. El expresidente Álvaro Uribe ha solicitado a su bancada un estudio reposado del articulado para buscar concertaciones antes de avanzar en el trámite legislativo. Desde la oposición, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda han arremetido contra el proyecto, calificándolo de regresivo y perjudicial para los sectores populares. Petro utilizó un lenguaje confrontativo para denunciar que la ley beneficia a los más ricos, mientras que Cepeda advirtió sobre posibles movilizaciones sociales y paros nacionales si el Gobierno persiste en estas políticas. Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, defendió la propuesta asegurando que se implementarán devoluciones de IVA para cerca de 19 millones de personas de menores ingresos para mitigar el impacto.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la narrativa de la 'herencia fiscal' para justificar medidas impopulares bajo la premisa de una emergencia económica. Al proponer simultáneamente una reducción del gasto burocrático y un aumento de la carga tributaria, el Ejecutivo intenta equilibrar su base ideológica de austeridad con la necesidad técnica de recaudo, aunque esto ha fracturado su coalición legislativa al tocar intereses sensibles de la clase media. En este escenario, el Gobierno pierde capital político inmediato al enfrentar una rebelión interna y una oposición radicalizada, mientras que la oposición gana visibilidad al capitalizar el descontento social. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo presenta la ley como un 'salvavidas' necesario para evitar la quiebra del país, mientras que sus críticos la posicionan como un ataque directo a la economía familiar, lo que augura un trámite legislativo complejo y altamente conflictivo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, un proyecto que busca estabilizar las finanzas públicas mediante recortes al gasto estatal, facultades extraordinarias para reorganizar entidades y ajustes tributarios. La iniciativa propone reducir el gasto en un 15%, eliminar la tarifa reducida del 5% en el IVA para diversos productos y modificar el impuesto de renta para personas naturales y empresas. El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para evitar una recesión y proteger el empleo, argumentando que se devolverá el IVA a cerca de 19 millones de personas de menores ingresos. El senador Iván Cepeda, líder de la oposición, calificó la propuesta como una reforma tributaria que beneficia a los sectores más ricos mientras castiga a la clase media y a los hogares vulnerables. Cepeda advirtió que, de persistir el Gobierno con estas disposiciones, el país podría enfrentar una ola de movilizaciones sociales y un paro nacional. El congresista comparó la situación con las protestas de 2021, señalando que el proyecto traslada una carga excesiva a los ciudadanos de a pie mediante el aumento de impuestos a productos básicos. La iniciativa ha generado fracturas incluso dentro de las bancadas que apoyan al Gobierno, como el Centro Democrático y Salvación Nacional. Varios legisladores han manifestado su respaldo a la reducción del tamaño del Estado, pero han expresado un rechazo contundente a los nuevos impuestos y al incremento del IVA en bienes esenciales. Ante la división, el expresidente Álvaro Uribe solicitó a su bancada un estudio reposado del articulado para concertar cambios con el Ejecutivo antes de avanzar en el debate legislativo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la narrativa de la 'herencia fiscal' para justificar medidas impopulares bajo la premisa de una emergencia económica, buscando capitalizar el apoyo de sectores que exigen austeridad estatal. Sin embargo, la falta de consenso inicial revela una debilidad en la cohesión de su coalición, donde los partidos aliados priorizan su capital político frente a sus electores, distanciándose de los componentes tributarios que afectan directamente el costo de vida. El gran perdedor inmediato es la cohesión de la bancada oficialista, que se ve obligada a equilibrar la lealtad al Ejecutivo con la presión social. Por su parte, la oposición, liderada por Iván Cepeda, gana terreno al capitalizar el descontento ciudadano y posicionarse como el defensor de la clase media, utilizando la amenaza de la movilización social como una herramienta de presión política para forzar modificaciones sustanciales en el articulado durante su trámite en el Congreso.