El Gobierno Nacional decidió otorgar un plazo adicional de dos meses para el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecen 62 excombatientes de los Comandos de la Frontera. Esta medida revierte la orden inicial de desmantelamiento inmediato que había sido programada para los primeros días de octubre. Durante este periodo, las entidades estatales deberán intervenir para resolver la situación jurídica de los desmovilizados, cinco de los cuales cuentan con órdenes de captura vigentes. La decisión se produce tras una serie de tensiones legales y administrativas que pusieron en duda la continuidad del proceso de reincorporación. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís había intervenido previamente mediante una tutela, ordenando la suspensión transitoria del cierre ante el riesgo inminente para los derechos fundamentales de los exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La Defensoría del Pueblo había advertido que una salida forzada sin garantías de seguridad, salud o protección expondría a los excombatientes a riesgos de reclutamiento, represalias y persecución. A pesar de la orden judicial, el Gobierno había intentado avanzar con el desmonte a través de una comisión humanitaria, lo que generó alertas sobre el posible incumplimiento de las medidas cautelares. Este aplazamiento busca ahora establecer un marco de transición que permita definir rutas de traslado protegido y la atención de necesidades básicas, mientras se resuelve de fondo la acción judicial presentada por los excombatientes.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una tensión entre la política de seguridad y el cumplimiento de los compromisos de reincorporación, utilizando el cierre de las ZUT como una herramienta de presión para forzar el sometimiento a la justicia bajo condiciones estrictas. Al intentar ejecutar el cierre a pesar de las advertencias judiciales, el Ejecutivo buscó reafirmar su autoridad frente a los grupos armados, pero terminó cediendo ante la presión de los organismos de control y la protección judicial, lo que evidencia una debilidad en la coordinación interinstitucional y en la ejecución de su política de paz. Con este evento, los excombatientes logran una victoria táctica al ganar tiempo para su seguridad jurídica, mientras que el Gobierno pierde margen de maniobra al verse obligado a postergar una decisión que pretendía ser un mensaje de firmeza. La narrativa oficial se construye desde la exigencia de sometimiento sin impunidad, mientras que los excombatientes y la Defensoría posicionan el discurso en la protección de los derechos humanos y la confianza legítima, creando un choque de legitimidades que complica la resolución definitiva del conflicto en la región amazónica.

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 216 de 2026, la cual establece una prórroga hasta el 30 de noviembre para el desmonte definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo. Esta medida busca facilitar la salida ordenada de 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera, permitiendo que continúen sus trámites de reincorporación ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y otras entidades competentes. La resolución también crea una instancia de coordinación interinstitucional para gestionar el retiro progresivo de infraestructura y bienes del predio. La decisión surge tras un complejo pulso jurídico entre el Ejecutivo y el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís. Previamente, el Gobierno había ordenado el cierre inmediato del espacio tras finalizar los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero una medida cautelar judicial suspendió dicha acción ante los riesgos alegados por los excombatientes sobre su seguridad y debido proceso. El Ejecutivo intentó avanzar con una comisión humanitaria, lo que derivó en incidentes de desacato y la intervención de organismos como la Defensoría del Pueblo. El nuevo cronograma establece el 3 de diciembre como fecha límite para que el predio quede totalmente desocupado y sin instalaciones operativas. Durante este periodo, los excombatientes podrán resolver su situación jurídica, incluyendo la verificación de órdenes de captura vigentes, sin necesidad de permanecer físicamente en la zona. El Gobierno enfatizó que quienes abandonen el lugar voluntariamente no podrán regresar y deberán gestionar sus procesos exclusivamente a través de los canales institucionales establecidos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja un intento por retomar el control administrativo sobre los espacios de paz heredados, buscando desmantelar la infraestructura de la 'paz total' sin incurrir en desacatos judiciales que erosionen su autoridad. Al institucionalizar la salida mediante una mesa de alto nivel, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad de la reincorporación a las entidades ordinarias, despojando a los excombatientes de su estatus de grupo en negociación y tratándolos como individuos sujetos a la ley común. En este evento, el Gobierno gana margen de maniobra al evitar un choque frontal con el poder judicial, mientras que los excombatientes logran una victoria táctica al obtener tiempo adicional para asegurar su situación jurídica y evitar un desalojo forzoso inmediato. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la legalidad y el orden administrativo, mientras que los excombatientes apelan a la protección de derechos fundamentales y la seguridad personal para resistir el desmantelamiento de su estatus político.