El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló la creación de un nuevo estado de excepción constitucional como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta medida, impulsada por el presidente José Antonio Kast, busca otorgar facultades extraordinarias en zonas acotadas, tales como barrios, villas o sectores rurales, para enfrentar delitos complejos. La propuesta contempla restricciones al tránsito, toques de queda, límites a reuniones e interceptación de telecomunicaciones. La iniciativa se diferencia de los estados de excepción actuales al enfocarse específicamente en la seguridad pública y no en la conmoción interna o catástrofes. El ministro Arrau enfatizó que, aunque las Fuerzas Armadas podrían colaborar en funciones específicas, la responsabilidad principal y la experticia en el control de estas zonas seguirán recayendo en las policías. El Gobierno sostiene que esta herramienta es necesaria para agilizar investigaciones y recuperar el control territorial frente a organizaciones criminales. La propuesta ha generado reacciones sobre la idoneidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de orden público. Voces críticas, como la del exministro Luis Cordero, advirtieron sobre posibles distorsiones institucionales y problemas de mando al subordinar fuerzas con doctrinas distintas. Por su parte, el Ejecutivo defiende la medida como una señal necesaria de autoridad y firmeza para devolver la tranquilidad a la ciudadanía, manteniendo el control parlamentario sobre su aplicación.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de 'mano dura' y recuperación del control territorial, utilizando la seguridad como eje central de su gestión. Al proponer un nuevo estado de excepción, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento ciudadano ante la delincuencia, posicionándose como el actor que toma decisiones audaces frente a un sistema que consideran insuficiente. Esta táctica busca forzar a la oposición a definirse ante medidas de alto impacto, trasladando el costo político de un eventual rechazo hacia quienes se opongan a la agenda. En este escenario, el Gobierno gana al instalar una agenda que domina el debate público, mientras que los sectores críticos pierden capacidad de maniobra al ser tildados de obstruccionistas frente a una demanda social prioritaria. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo presenta la medida como una modernización necesaria y técnica para enfrentar amenazas nuevas, sus detractores la enmarcan como un riesgo institucional que desdibuja los roles de las fuerzas de seguridad, evidenciando una tensión constante entre la eficacia operativa y el respeto a la institucionalidad democrática.