El Ministerio de Salud publicó un borrador de resolución que establece una línea de crédito directo, denominada plan de choque, para que las EPS cubran obligaciones pendientes por medicamentos y procedimientos. La medida busca financiar servicios ya prestados y facturados entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026, con el fin de reducir las barreras de acceso que afectan a más de un millón de usuarios. Los recursos no serán entregados directamente a las aseguradoras, sino que la ADRES realizará giros directos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnología en salud. Las condiciones financieras del proyecto contemplan una tasa de interés equivalente al IPC, con un periodo de gracia de hasta 12 meses y un plazo adicional de 12 meses para la amortización. El mecanismo está diseñado para ser utilizado por una sola vez y excluye a las EPS que actualmente se encuentren bajo intervención forzosa para liquidar o en proceso de retiro voluntario del sistema. Para acceder al beneficio, las entidades deberán presentar actas de conciliación que certifiquen las deudas con los prestadores. Esta iniciativa surge tras el balance presentado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien calificó la situación del sistema como un abandono con formulario legalizado. El mandatario enfatizó que el plan busca destrabar las deudas sin otorgar un cheque en blanco a las EPS, priorizando el seguimiento paciente por paciente. El borrador permanecerá abierto para comentarios de los actores del sector hasta el 7 de octubre de 2026 antes de su posible oficialización.

Análisis político

La estrategia gubernamental utiliza la liquidez de la ADRES como herramienta de control para mitigar la crisis de acceso sin reformar estructuralmente la operación de las EPS. Al condicionar el giro directo a los prestadores, el Gobierno busca neutralizar la intermediación financiera de las aseguradoras, presentándose como el garante directo del servicio ante la ciudadanía y los proveedores. El Gobierno gana capacidad de maniobra y control sobre el flujo de recursos, mientras que las EPS pierden autonomía en la gestión de sus pasivos al quedar supeditadas a las condiciones de crédito del Estado. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la urgencia de atender al paciente y la ineficiencia administrativa de las aseguradoras, posicionando al Ejecutivo como el actor que soluciona las barreras de acceso mediante una intervención técnica y financiera.