El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte Elsa Noguera, inició la elaboración de un borrador para un nuevo Código Nacional de Tránsito. La iniciativa busca actualizar una normativa vigente hace más de dos décadas, con el objetivo principal de aliviar la carga económica de los ciudadanos. Entre las propuestas se contempla reducir hasta en un 50% el valor de las multas, disminuir costos en cursos viales y trámites asociados al RUNT y SIMIT, además de ampliar la vigencia de las licencias de conducción y los plazos para la revisión técnico-mecánica. La ministra Noguera enfatizó que el proyecto pretende eliminar abusos, sobrecostos y trámites innecesarios que, según el Ejecutivo, han convertido las sanciones en una condena financiera para las familias. El Gobierno sostiene que el sistema actual ha permitido que los servicios de tránsito se transformen en negocios lucrativos para operadores privados, afectando desproporcionadamente a los propietarios de vehículos. La propuesta también busca establecer sanciones proporcionales a la capacidad económica de los infractores, evitando que el pago de comparendos comprometa el sustento básico de los conductores. Expertos en transporte y logística han recibido la noticia con cautela, advirtiendo que cualquier modificación debe priorizar la seguridad vial sobre el ahorro económico. Especialistas señalan que la reducción de multas y la flexibilización de controles, como las fotomultas, podrían incrementar la siniestralidad si no se diseñan con rigor técnico. El proyecto deberá surtir cuatro debates en el Congreso de la República, donde se espera un debate profundo sobre el equilibrio entre la justicia económica para los ciudadanos y la efectividad de las medidas de control en las vías.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de De la Espriella se centra en la narrativa de la 'defensa del bolsillo ciudadano' frente a lo que denomina un sistema de 'negocios institucionalizados'. Al atacar los costos de multas y trámites, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento popular contra los operadores privados de tránsito, presentándose como un gobierno que elimina la burocracia y los abusos. Esta postura le permite construir una imagen de cercanía con las clases trabajadoras que dependen de sus vehículos para subsistir. En este escenario, el Gobierno gana terreno político al posicionar una agenda de alivio económico, mientras que los sectores técnicos y académicos pierden influencia al ser percibidos como defensores de un statu quo costoso. La narrativa oficial contrapone la 'seguridad vial' con la 'justicia económica', obligando a la oposición y a los expertos a navegar con cuidado para no parecer insensibles ante la crisis financiera de los conductores, mientras intentan mantener los estándares de seguridad en las carreteras.