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Agosto 8, 2026
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Gobierno Petro reglamenta seguridad social de repartidores digitales mediante el Decreto 0991 de 2026

Resumen i

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0991 de 2026, el cual establece las condiciones de afiliación, cotización y pago de seguridad social para los repartidores de plataformas digitales bajo modalidad independiente. La norma define un esquema de aportes donde las empresas asumen el 60% de salud y pensión, mientras que los trabajadores cubren el 40%, además de asignar a las plataformas la totalidad de la cotización en riesgos laborales. El decreto introduce mecanismos específicos para quienes perciben menos de un salario mínimo, incluyendo aproximaciones por cuartos de salario para pensiones y el traslado al régimen subsidiado en salud.

El gremio Alianza In, que agrupa a las plataformas de reparto, ha manifestado un rechazo contundente a la reglamentación al considerar que se aparta de los acuerdos alcanzados en la Ley 2466 de 2025. Según el gremio, la exigencia de cotizar riesgos laborales sobre una base mínima de un salario mínimo resulta desproporcionada para trabajadores que laboran pocas horas al mes. Los representantes empresariales advierten que estos costos adicionales podrían comprometer la viabilidad operativa del modelo y derivar en la pérdida de miles de oportunidades laborales para los repartidores.

La implementación de estas disposiciones no será inmediata, ya que el decreto contempla un periodo de transición de 12 meses condicionado a la adecuación tecnológica de los sistemas de información. Durante este lapso, se prevé la realización de pruebas piloto y la creación de una instancia de diálogo entre el Gobierno, las plataformas y los trabajadores. Ante este escenario, el sector ha solicitado formalmente al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella la derogación de la norma para ajustar la reglamentación a los consensos previos de la reforma laboral.

Análisis Político i

La estrategia del gobierno saliente se centró en asegurar una reglamentación técnica de última hora que buscaba formalizar la protección social de los trabajadores digitales, aunque bajo un modelo que el sector privado percibe como una ruptura de los consensos legislativos previos. Al fijar bases mínimas de cotización, el Ejecutivo intentó blindar la cobertura del sistema, mientras que las plataformas interpretan esta acción como una imposición que ignora la realidad económica de la flexibilidad laboral y la baja intensidad horaria de gran parte de los repartidores.

En este conflicto, el gremio de plataformas se posiciona como el principal actor de presión, buscando capitalizar el cambio de administración para revertir una medida que consideran inviable financieramente. Mientras el Gobierno saliente intenta dejar un legado de protección social, las empresas construyen una narrativa de 'irresponsabilidad' y riesgo de desempleo masivo, trasladando la responsabilidad política de la posible desestabilización del sector al nuevo gobierno, que ahora enfrenta la presión de decidir entre mantener la norma o ceder ante las demandas del sector privado.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

✓ VERIFICADO
Información corroborada por 6 medios independientes.

Sesgo mediático i

Derecha 85%
Izquierda 0%
Centro 0%
Derecha 100%

Ideología histórica de medios i

Izquierda Centro-Izq
Centro
Centro-Der Derecha

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