Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Escuela de Carabineros en Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. Esta medida se ejecutó durante el primer día de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de una operación que movilizó a más de cien personas privadas de la libertad. La influenciadora, condenada por actos vandálicos contra TransMilenio en 2019, pierde así su reclusión en una guarnición militar para ingresar al sistema penitenciario ordinario. El traslado responde a múltiples cuestionamientos sobre las condiciones de su detención en la sede policial, donde se reportaron irregularidades como el ingreso de teléfonos celulares y la realización de procedimientos estéticos no autorizados. Informes disciplinarios detallaron episodios de mala convivencia y el hallazgo de elementos prohibidos, lo que generó alertas sobre el trato preferencial que recibía la empresaria. Autoridades señalaron que la Escuela de Carabineros no es un centro penitenciario ordinario y que Barrera no cumplía con los requisitos para permanecer en dicho lugar. Tras conocerse la noticia, la creadora de contenido publicó un mensaje en sus redes sociales expresando que atraviesa un día difícil y solicitando fortaleza. Mientras tanto, su defensa legal continúa trabajando en mecanismos jurídicos para buscar su libertad, argumentando que se ajustan a derecho. Por su parte, el nuevo gobierno ha enmarcado estos movimientos dentro de una reorganización del sistema penitenciario para fortalecer el control y la seguridad en los centros de reclusión del país.

Análisis político

El traslado de Epa Colombia funciona como un acto simbólico de autoridad en el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, proyectando una narrativa de 'cero tolerancia' frente a los privilegios en el sistema carcelario. Al mover a una figura mediática junto a otros internos de alto perfil, el gobierno busca capitalizar el descontento público generado por las denuncias de tratos VIP, diferenciándose de la gestión anterior y estableciendo un precedente de disciplina institucional. En este escenario, el gobierno gana legitimidad ante una opinión pública crítica con las irregularidades penitenciarias, mientras que la influenciadora y su defensa pierden el acceso a condiciones de reclusión privilegiadas. La narrativa oficial se construye sobre la igualdad ante la ley, mientras que el entorno de la detenida intenta apelar a la victimización y la fe para mantener el apoyo de sus seguidores, evidenciando una clara disputa por el relato sobre la justicia y el trato penitenciario.