Gobierno Petro expide Decreto 1001 de 2026 para modernizar el servicio de taxis
Resumen
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1001 de 2026 en su último día de mandato, estableciendo nuevas reglas para el servicio de transporte público individual de taxis. La normativa modifica el Decreto 1079 de 2015 con el objetivo de simplificar trámites, eliminar cobros no regulados y mejorar las condiciones laborales de los conductores. Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años y la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional para trayectos específicos hacia aeropuertos.
La reforma introduce mecanismos de transparencia en la asignación de nuevas matrículas mediante sorteos públicos y establece acciones afirmativas para conductores que no son propietarios. Asimismo, se prohíbe a las empresas imponer condiciones restrictivas para la desvinculación de vehículos y se ordena la creación de un programa nacional de formación para los conductores. El decreto también ajusta los tiempos de reposición de vehículos en casos de hurto o destrucción, extendiendo el plazo de uno a cinco años para facilitar la recuperación del parque automotor.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la medida como un paso histórico para dignificar el trabajo de los taxistas y mejorar la eficiencia del servicio. La reglamentación fue producto de un proceso de participación ciudadana realizado entre junio y julio de 2026. Con esta decisión, el Ejecutivo saliente busca responder a las presiones del mercado y a la competencia de las plataformas digitales, intentando equilibrar la relación entre empresas, propietarios y conductores.
Análisis Político
La estrategia política detrás de este decreto se centra en la búsqueda de un legado normativo que atienda a un sector gremial históricamente movilizado y afectado por la competencia de las aplicaciones de movilidad. Al eliminar trabas burocráticas y prohibir cobros indebidos, el Gobierno intenta capitalizar el descontento de los conductores frente a las empresas de transporte, posicionándose como un mediador que favorece la transparencia y la equidad en un mercado en declive.
En este escenario, los conductores y propietarios resultan ganadores al obtener mayor autonomía y menores costos operativos, mientras que las empresas de transporte pierden capacidad de control sobre la vinculación y desvinculación de los vehículos. La narrativa gubernamental construye una imagen de modernización y justicia social, contrastando con la realidad de un sector que enfrenta una caída estructural en la demanda de matrículas nuevas, dejando al próximo gobierno el reto de implementar estas disposiciones en un mercado altamente tensionado.
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