El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una salida negociada a la situación fiscal del país. El mandatario calificó el estado de las finanzas públicas como crítico, señalando que el saldo está en rojo debido a una gestión previa que, según su administración, sobreendeudó al Estado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, solicitó formalmente la misión técnica del Artículo IV para evaluar la economía nacional y estabilizar las cuentas públicas. La oposición, agrupada en el denominado Gabinete por la Vida y liderada por el expresidente Gustavo Petro, rechazó la medida calificándola de inconveniente. Este sector político argumenta que el país no requiere intervención externa y propone, en su lugar, una reforma tributaria progresiva para obtener ingresos internos sin recurrir a deuda. Además, defendieron los resultados macroeconómicos de su administración, negando la existencia de una crisis económica estructural. El acercamiento con el organismo multilateral ha generado un debate en el Congreso sobre la viabilidad de un eventual préstamo. Mientras sectores afines al Gobierno respaldan la búsqueda de financiamiento más barato para sustituir deuda costosa, la oposición advierte sobre posibles exigencias de austeridad que afectarían la inversión social. El Gobierno sostiene que esta estrategia busca recuperar la confianza de los mercados internacionales y ordenar el gasto público.

Análisis político

El Gobierno utiliza el acercamiento al FMI como una herramienta de legitimación política para consolidar su narrativa de 'herencia recibida', trasladando la responsabilidad de la crisis fiscal a la administración anterior. Al enmarcar la situación como un desastre financiero, el Ejecutivo justifica medidas de austeridad y recortes, mientras intenta recuperar la confianza de los mercados internacionales mediante el aval de un organismo multilateral. La oposición, por su parte, construye una narrativa de soberanía económica, posicionándose como defensora de los sectores populares frente a lo que denominan un 'atraco' o entrega de la autonomía nacional. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra técnica y respaldo externo, pero pierde capital político ante la base electoral de izquierda, que ve en el FMI un símbolo de ajuste social y pérdida de derechos.