El presidente Abelardo de la Espriella ordenó mediante la resolución 389 el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo, programado para el 30 de septiembre. Esta medida afecta a 99 excombatientes de los Comandos de la Frontera, quienes se encuentran en un estado de incertidumbre jurídica y seguridad tras la decisión. La mitad de los integrantes ha optado por abandonar el lugar, mientras que quienes permanecen solicitan garantías institucionales y una ruta clara para su reincorporación a la vida civil. La administración actual también formalizó el fin de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) al revocar las designaciones de sus equipos negociadores. Estas acciones se enmarcan en la estrategia del Gobierno de desmantelar la política de paz total heredada del mandato anterior. El Ejecutivo sostiene que el enfoque futuro se centrará en el sometimiento a la justicia y operaciones militares, descartando las concesiones previas. Voces críticas, como la del exnegociador Armando Novoa, advirtieron que el cierre de la ZUT y el recorte presupuestal a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dejan a los desmovilizados en una situación de indefensión. La falta de una hoja de ruta definida genera preocupaciones sobre el riesgo de reincidencia de los excombatientes. Por su parte, el Gobierno ha instruido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para coordinar el desmonte logístico y administrativo de la zona.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella se fundamenta en una ruptura simbólica y operativa con la política de paz total, priorizando el principio de autoridad y el sometimiento a la justicia sobre la negociación colectiva. Al revocar las designaciones de los negociadores y cerrar la ZUT, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de orden y legalidad que fue eje central de su campaña, diferenciándose tajantemente de la administración anterior. En este escenario, el Gobierno gana capital político ante su base electoral al cumplir promesas de mano dura, mientras que los excombatientes y los antiguos negociadores pierden garantías y espacios de interlocución. La narrativa oficial construye la paz como un proceso de sometimiento individual, mientras que la oposición y los desmovilizados denotan el evento como un abandono estatal que pone en riesgo la seguridad regional y la estabilidad de quienes apostaron por la desmovilización.