El dragoneante del Inpec, Diego Acevedo Garzón, fue asesinado con arma de fuego la noche del miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón, Santander. El funcionario, quien llevaba 18 años en la institución y estaba adscrito a la cárcel de Palogordo, fue atacado mientras se encontraba en su establecimiento comercial, el restaurante Sabor Argentino. A pesar de ser trasladado a un centro asistencial, el dragoneante falleció durante el trayecto debido a la gravedad de sus heridas. El Ministerio de Justicia y el Inpec rechazaron el homicidio y expresaron su solidaridad con la familia y compañeros de la víctima. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, convocó un consejo de seguridad metropolitano para evaluar la situación y coordinar medidas de protección para los integrantes del cuerpo de custodia. Las autoridades locales y nacionales han iniciado investigaciones para determinar si el crimen está relacionado con las funciones penitenciarias de Acevedo o con otros móviles, instando a evitar especulaciones prematuras. Este hecho se suma a una serie de ataques recientes contra funcionarios del sistema penitenciario en el país, incluyendo el asesinato de Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta y agresiones en Barranquilla. El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el caso, asegurando que los responsables serán buscados y que el Gobierno defenderá a quienes protegen a Colombia. La Policía Metropolitana de Bucaramanga activó un plan candado en la zona para intentar dar con el paradero de los agresores, quienes huyeron tras el ataque.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la reafirmación de la autoridad estatal frente a una escalada de violencia dirigida contra el sistema penitenciario. El Gobierno utiliza un discurso de firmeza y respaldo institucional para contrarrestar la percepción de vulnerabilidad de los funcionarios, buscando legitimar su gestión mediante la promesa de justicia y la movilización de consejos de seguridad. Esta narrativa busca posicionar al Estado como un actor activo que no permitirá la impunidad ante el desafío que representan las estructuras criminales. En este escenario, el Gobierno y las autoridades locales ganan legitimidad al mostrar una respuesta rápida y contundente, aunque pierden terreno en términos de control territorial y seguridad efectiva, dado que los ataques contra el Inpec se han vuelto recurrentes. La narrativa oficial se construye bajo la dicotomía entre la defensa de la institucionalidad y la amenaza de grupos criminales, mientras que los actores delictivos construyen una narrativa de poder mediante el 'plan pistola', buscando presionar al sistema para obtener privilegios o frenar operativos de control en las cárceles.