El presidente Abelardo De la Espriella ha formalizado, mediante la expedición del Decreto 1368 de 2026, el levantamiento definitivo de la suspensión general que restringía el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. Esta decisión marca un hito en la política de seguridad del país, al poner fin a una restricción que se había mantenido vigente de manera ininterrumpida desde el año 2014. La nueva normativa establece que los ciudadanos que cuenten con permisos individuales vigentes podrán portar sus armas de fuego sin la necesidad de realizar trámites adicionales o solicitar permisos especiales, como se exigía bajo el régimen anterior. La medida busca normalizar el ejercicio del derecho al porte bajo la premisa de facilitar la autoprotección de los ciudadanos frente a los desafíos de seguridad actuales. Con la entrada en vigor de este decreto, el Gobierno Nacional da cumplimiento a una de las promesas centrales de la campaña presidencial de De la Espriella. La administración sostiene que esta flexibilización es un paso necesario para devolver la capacidad de defensa a los ciudadanos, en un contexto donde la criminalidad exige respuestas más directas y efectivas por parte de la sociedad civil.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se articula en torno a la consolidación de una narrativa de 'mano dura' y defensa del ciudadano frente a la criminalidad. Al materializar esta promesa de campaña, el Ejecutivo busca fortalecer su base electoral y reafirmar su postura ideológica sobre la seguridad, proyectando una imagen de cumplimiento y firmeza ante sus electores. Asimismo, la medida refleja una visión gubernamental que traslada parte de la responsabilidad de la protección personal al ámbito privado, empoderando al individuo frente a la delincuencia. Esta política no solo busca resultados inmediatos en la percepción de seguridad, sino que también consolida el capital político del presidente De la Espriella al diferenciarse claramente de las políticas de restricción implementadas por administraciones anteriores.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, el cual elimina la suspensión general de los permisos para el porte de armas que regía en el país desde 2014. Esta medida permite que los ciudadanos con permisos individuales vigentes puedan portar sus armas sin necesidad de tramitar autorizaciones especiales adicionales. El Gobierno aclaró que la norma no establece el libre porte ni elimina los controles estatales, manteniendo los requisitos de edad, aptitud psicofísica y antecedentes judiciales. La decisión generó una alta demanda en los canales digitales de la Industria Militar, provocando fallas técnicas en su portal web ante el interés ciudadano por los alcances de la nueva disposición. Voceros oficiales insistieron en que el decreto busca devolver a los ciudadanos la capacidad de defensa frente a la delincuencia, diferenciando claramente entre el porte legal y el uso de armas ilegales por parte de grupos criminales. Las autoridades militares y la Policía Nacional conservan sus facultades de inspección, incautación y revocatoria de permisos. Diversos sectores han expresado preocupaciones sobre los riesgos de esta política, señalando que la presencia de armas en espacios públicos o entornos familiares podría incrementar la violencia letal. El senador Iván Cepeda calificó la medida como peligrosa e indiscriminada, argumentando que incentiva la violencia en lugar de reducirla. Por su parte, analistas y expertos en género advirtieron que la normalización del porte de armas puede alterar las relaciones de poder y aumentar el riesgo en casos de violencia de pareja.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se fundamenta en una narrativa de seguridad ciudadana que busca empoderar al individuo frente a la criminalidad, trasladando la responsabilidad de la protección personal al ámbito privado. Al cumplir una promesa de campaña, el Ejecutivo intenta consolidar su base electoral mediante un mensaje de autoridad y libertad individual, contrastando su gestión con las políticas restrictivas de gobiernos anteriores. Esta postura busca capitalizar el descontento social ante la inseguridad, posicionando al Estado como un facilitador del derecho a la defensa propia. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que demandan mayor mano dura, mientras que la oposición y organizaciones sociales pierden capacidad de influencia al ser desplazadas por una narrativa que prioriza la autoprotección. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el decreto como una medida técnica de orden y legalidad, sus críticos lo interpretan como una incitación a la violencia que pone en riesgo la integridad física de la población. Esta polarización política refleja visiones opuestas sobre el monopolio de la fuerza y el rol del Estado en la garantía de la seguridad.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, el cual elimina la suspensión general de los permisos para el porte de armas que regía en el país desde 2014. Esta medida permite que los ciudadanos con permisos individuales vigentes puedan portar sus armas sin necesidad de tramitar autorizaciones especiales adicionales. El Gobierno aclaró que la norma no establece el libre porte ni elimina los controles estatales, manteniendo los requisitos de edad, aptitud psicofísica y antecedentes judiciales. La decisión generó una alta demanda en los canales digitales de la Industria Militar, provocando fallas técnicas en su portal web ante el interés ciudadano por los alcances de la nueva disposición. Voceros oficiales insistieron en que el decreto busca devolver a los ciudadanos la capacidad de defensa frente a la delincuencia, diferenciando claramente entre el porte legal y el uso de armas ilegales por parte de grupos criminales. Las autoridades militares y la Policía Nacional conservan sus facultades de inspección, incautación y revocatoria de permisos. Diversos sectores han expresado preocupaciones sobre los riesgos de esta política, señalando que la presencia de armas en espacios públicos o entornos familiares podría incrementar la violencia letal. El senador Iván Cepeda calificó la medida como peligrosa e indiscriminada, argumentando que incentiva la violencia en lugar de reducirla. Por su parte, analistas y expertos en género advirtieron que la normalización del porte de armas puede alterar las relaciones de poder y aumentar el riesgo en casos de violencia de pareja.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se fundamenta en una narrativa de seguridad ciudadana que busca empoderar al individuo frente a la criminalidad, trasladando la responsabilidad de la protección personal al ámbito privado. Al cumplir una promesa de campaña, el Ejecutivo intenta consolidar su base electoral mediante un mensaje de autoridad y libertad individual, contrastando su gestión con las políticas restrictivas de gobiernos anteriores. Esta postura busca capitalizar el descontento social ante la inseguridad, posicionando al Estado como un facilitador del derecho a la defensa propia. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que demandan mayor mano dura, mientras que la oposición y organizaciones sociales pierden capacidad de influencia al ser desplazadas por una narrativa que prioriza la autoprotección. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el decreto como una medida técnica de orden y legalidad, sus críticos lo interpretan como una incitación a la violencia que pone en riesgo la integridad física de la población. Esta polarización política refleja visiones opuestas sobre el monopolio de la fuerza y el rol del Estado en la garantía de la seguridad.

El presidente Abelardo De la Espriella oficializó el Decreto 1368 de 2026, el cual levanta la suspensión general que restringía el porte de armas de fuego en Colombia desde 2018. La medida restablece la eficacia de los permisos individuales vigentes que no cuenten con sanciones judiciales o administrativas previas. El mandatario argumentó que la decisión busca diferenciar entre el ciudadano que cumple la ley y las estructuras criminales que operan con armamento ilegal.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se fundamenta en la narrativa de la legítima defensa, buscando capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad y el poder de fuego de grupos armados ilegales. Al presentar cifras de incautaciones, el Ejecutivo intenta legitimar la medida como una acción de justicia para el ciudadano de bien, mientras traslada la responsabilidad del control a las autoridades militares bajo un marco regulatorio preexistente. El evento genera una polarización marcada: el Gobierno y sectores afines, como el Centro Democrático, ganan terreno político al cumplir una promesa de campaña orientada a la seguridad ciudadana. Por el contrario, la oposición, liderada por figuras del Pacto Histórico y Alianza Verde, pierde capacidad de influencia en la agenda de seguridad y anuncia acciones judiciales, construyendo una narrativa que advierte sobre el riesgo de fomentar un paraestado y aumentar la violencia mediante la proliferación de armas.