El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron el plan Chile Cuida a los Niños, una hoja de ruta para el periodo 2026-2030. La iniciativa busca fortalecer la capacidad estatal para prevenir vulneraciones y mejorar la atención de menores en residencias. El lanzamiento responde a un escenario crítico donde la demanda en las Oficinas Locales de la Niñez aumentó un 42% en el último año. La estrategia se articula en dos ejes principales: prevención y protección especializada. Entre las medidas destacan la implementación del Programa de Parentalidad Positiva, la ampliación de Chile Crece Contigo y el traspaso de Senda Previene al Ministerio de Desarrollo Social. También se contempla un plan de seguridad reforzada en residencias para enfrentar riesgos asociados al crimen organizado y la explotación sexual. El Gobierno busca coordinar a diversos ministerios y municipios para ejecutar nuevos proyectos de ley y acelerar iniciativas en tramitación legislativa. La ministra Wulf enfatizó la necesidad de intervenir antes de que las dificultades familiares escalen a crisis o captaciones delictuales. El plan incluye protocolos nacionales de salud y seguridad, además de un sistema de rendición electrónica para aumentar la auditoría en los centros de protección.

Análisis político

La estrategia gubernamental utiliza un enfoque de seguridad pública para abordar la crisis de la infancia, vinculando la protección de menores con la prevención del crimen organizado y la violencia letal. Esta narrativa permite al Ejecutivo posicionarse como un actor proactivo frente a una demanda social creciente, utilizando datos técnicos sobre listas de espera y alertas de riesgo para justificar una mayor intervención estatal y centralización de programas sociales. El Gobierno gana legitimidad al presentar una agenda transversal que busca consenso parlamentario, mientras que los sectores vulnerables y las familias en riesgo son los beneficiarios directos de la política. La construcción narrativa se aleja de la gestión administrativa tradicional para adoptar un tono de urgencia, donde la protección de la infancia se presenta como un imperativo ético y de seguridad nacional que trasciende las diferencias políticas habituales.