El Gobierno nacional presentó la Estrategia Nacional frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, un plan coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para mitigar los efectos de la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas. La iniciativa incluye inversiones superiores a los 669.000 millones de pesos destinados al sector agropecuario, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y energética. Se priorizarán acciones en 111 municipios de 15 departamentos, con la implementación de un Puesto de Mando Unificado para monitorear las emergencias en tiempo real. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió sobre la gravedad del fenómeno, calificándolo como uno de los más severos de las últimas tres décadas, y criticó al gobierno entrante por suspender el proceso de empalme. Según el funcionario, esta interrupción impide que la nueva administración conozca los estudios técnicos y las rutas de acción diseñadas para proteger el suministro de energía y agua. El Gobierno saliente enfatizó que la preparación ante esta crisis climática debe ser una política de Estado que trascienda los periodos presidenciales. Las autoridades climáticas, respaldadas por el Ideam y reportes internacionales, alertaron que el fenómeno ya presenta efectos visibles como incendios forestales y sequías en regiones como el Caribe, la Andina y la Pacífica. Para la respuesta operativa, el país contará con dos helicópteros especializados Firehawk y 80 carrotanques distribuidos en 22 departamentos. Adicionalmente, se promueven medidas de ahorro de energía y agua, junto con la revisión de esquemas tarifarios para mitigar el impacto económico en los usuarios finales.

Análisis político

La estrategia gubernamental utiliza la gestión de riesgos como un mecanismo de legitimación política, buscando dejar una hoja de ruta técnica que condicione la agenda del próximo gobierno. Al denunciar la ruptura del empalme, el Ejecutivo actual construye una narrativa de responsabilidad institucional frente a la irresponsabilidad de sus sucesores, posicionándose como el actor que prioriza la seguridad nacional y el bienestar ciudadano ante una crisis climática inminente. En este escenario, el gobierno saliente gana capital político al presentarse como el garante de la preparación técnica, mientras que el gobierno entrante pierde terreno al ser señalado por una supuesta falta de disposición para la continuidad administrativa. La construcción de narrativas se divide entre la tecnocracia preventiva del actual gabinete y la postura de ruptura del nuevo equipo, lo que convierte la gestión del fenómeno de El Niño en un campo de disputa sobre la gobernabilidad y la transición de poder.