El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva política de seguridad que unifica el tratamiento estatal hacia todos los grupos armados ilegales, clasificándolos bajo la categoría de terroristas sin distinciones. Esta directriz busca eliminar las divisiones en la respuesta institucional y fortalecer la acción de la Fuerza Pública, la cual deberá operar como un cuerpo monolítico. El mandatario enfatizó que esta medida es necesaria para ejercer la fuerza legítima del Estado frente a estructuras que, según su visión, han sido protegidas por categorizaciones previas. La estrategia incluye la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con el apoyo de la Fiscalía y la Judicatura. Asimismo, se ordenó la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para rastrear los recursos de las organizaciones criminales mediante el acceso a información bancaria. El plan contempla además la reactivación del sistema de recompensas, la red de cooperantes, operativos de redadas y traslados carcelarios urgentes para frenar la extorsión desde los centros penitenciarios. En el ámbito migratorio y social, el Gobierno instruyó a Migración Colombia para iniciar operativos contra la delincuencia extranjera y la migración irregular, comenzando en Barranquilla. El presidente también anunció la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para combatir el denominado cártel de tierras y el préstamo gota a gota, calificado por el mandatario como una forma moderna de esclavitud. Las autoridades se comprometieron a verificar la ejecución inmediata de estas medidas en los próximos encuentros de seguimiento.

Análisis político

La estrategia de De la Espriella se fundamenta en una narrativa de mano dura que busca centralizar el poder coercitivo del Estado y eliminar cualquier matiz político en el tratamiento de los grupos armados. Al etiquetar a todas las organizaciones como terroristas, el Gobierno intenta invalidar cualquier legitimidad o estatus diferenciado que estos grupos pudieran haber reclamado anteriormente, alineando su discurso con una postura de confrontación directa y sin negociaciones intermedias. Con este evento, el presidente busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, posicionándose como un líder resolutivo que prioriza la acción sobre el diagnóstico. Mientras el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen resultados inmediatos, los grupos criminales y los sectores políticos que abogan por salidas negociadas pierden espacio de maniobra. La narrativa se construye sobre la polarización, contraponiendo la autoridad del Estado frente a lo que el mandatario denomina como complicidad de administraciones pasadas.