Gobierno inicia desalojo de 220 viviendas en toma Cerro Chuño de Arica
Resumen
El Gobierno inició este sábado la primera de cuatro etapas para el desalojo y posterior demolición de la toma Cerro Chuño en Arica. El operativo, que involucra a más de 100 funcionarios de Carabineros y la PDI, busca recuperar 2,6 hectáreas de terreno contaminado con polimetales, plomo y arsénico. Las autoridades han señalado que el sector funcionaba como un centro de operaciones para organizaciones criminales, incluyendo células vinculadas al Tren de Aragua.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el delegado presidencial regional, Cristián Sayes, supervisaron el procedimiento, destacando que la intervención se desarrolla sin episodios de violencia y con una alta tasa de abandono voluntario. El plan contempla el desalojo total de 250 viviendas y el desplazamiento de aproximadamente 700 personas. Para asistir a los afectados, el Ejecutivo habilitó puntos de apoyo y albergues, aunque las autoridades reportaron una baja demanda inicial de estos servicios.
La medida responde a una estrategia de recuperación territorial que vincula la seguridad pública con la salud ambiental. Mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de erradicar focos de delincuencia y riesgo sanitario, algunos residentes han cuestionado la focalización del desalojo, argumentando que existen otros sectores con mayor presencia criminal. El proceso continuará en los próximos días con la inhabilitación de estructuras y el retiro de materiales contaminados.
Análisis Político
La estrategia gubernamental se centra en la recuperación del control territorial como un pilar fundamental de su agenda de seguridad, utilizando el desalojo de tomas como una herramienta para revertir la percepción de debilidad estatal frente al crimen organizado. Al vincular el operativo con la salud pública y la lucha contra bandas como 'Los Gallegos', el Ejecutivo busca legitimar una acción de fuerza bajo un discurso de orden y protección ciudadana, alineándose con promesas de campaña que priorizan la soberanía del Estado en zonas críticas.
El Gobierno gana capital político al mostrar capacidad de ejecución en un conflicto postergado por años, mientras que los residentes irregulares pierden su vivienda y estabilidad, enfrentando la incertidumbre del desplazamiento. La narrativa oficial construye el evento como un triunfo del Estado frente a la delincuencia, mientras que la visión de los afectados intenta desplazar el foco hacia la estigmatización y la falta de alternativas habitacionales, evidenciando la tensión entre la política de seguridad nacional y la realidad social de los asentamientos informales.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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