El Gobierno manifestó su disposición a retirar la reforma constitucional de seguridad presentada en agosto, la cual formaba parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Esta decisión responde a la falta de apoyos parlamentarios y a las críticas transversales recibidas, especialmente respecto a la creación de un nuevo estado de excepción que otorgaba amplias facultades al Ejecutivo. El biministro de Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el objetivo es construir una propuesta con una base de apoyo más amplia que permita combatir eficazmente la delincuencia. La nueva iniciativa sería redactada a partir de un trabajo conjunto liderado por los senadores Pedro Araya, Andrés Longton y Arturo Squella, incorporando además propuestas de la senadora Paulina Vodanovic. Este texto alternativo buscaría reemplazar la figura del quinto estado de excepción por una modificación al estado de emergencia vigente, el cual es considerado más eficiente por los legisladores. La tramitación de este nuevo proyecto se realizaría en paralelo a otras reformas en materia penitenciaria ya presentadas en el Congreso. La confirmación del posible retiro fue valorada por diversos sectores políticos, quienes ven en este movimiento una oportunidad para destrabar la agenda de seguridad. El senador Pedro Araya indicó que el retiro está condicionado a la existencia de un texto alternativo consensuado, el cual podría ser presentado durante la presente semana. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, destacó que este cambio de rumbo busca priorizar los resultados en la protección de la población por sobre las diferencias políticas.

Análisis político

La estrategia observada refleja un pragmatismo político donde el Ejecutivo prioriza la viabilidad legislativa sobre la rigidez de su propuesta original. Al ceder ante la presión del Senado, el Gobierno busca evitar una derrota legislativa inminente y transformar un conflicto de facultades presidenciales en un acuerdo de Estado, utilizando el contexto de crisis por el asesinato de un carabinero como catalizador para forzar consensos. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra al evitar el rechazo directo de su proyecto, aunque pierde el control exclusivo sobre la narrativa de la reforma. Por su parte, los senadores de la Comisión de Constitución se posicionan como los arquitectos de la nueva política de seguridad, capitalizando el descontento con la propuesta original para imponer sus propios términos técnicos, lo que desplaza el eje de poder desde La Moneda hacia el Congreso.