El presidente Abelardo De la Espriella presentó el denominado 'Libro de la verdad', un documento que recopila más de 80 casos de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. El informe, entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, detalla patrones de corrupción en 22 sectores, incluyendo el manejo de la UNGRD, la Cancillería y el programa Colombia Mayor. El Ejecutivo sostiene que estas actuaciones representan un patrón sistemático de ineficiencia y mal uso de los recursos públicos. El mandatario alertó sobre una situación fiscal crítica, proyectando un déficit del 7,8% del PIB y un endeudamiento histórico del 61% del PIB. Según el Gobierno, la administración anterior utilizó el 97% del cupo de deuda anual entre enero y agosto, limitando el margen de maniobra actual. Además, se denunció la existencia de una nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios que habría generado un pasivo superior a los 5 billones de pesos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la creación de un equipo especial para investigar los hallazgos bajo criterios de independencia y rigor probatorio. Como parte de su estrategia, el Gobierno implementará herramientas de inteligencia artificial y auditoría forense para rastrear el destino de los recursos públicos. El objetivo declarado es identificar anomalías y sobrecostos en tiempo real para evitar daños adicionales al Estado.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se centra en la construcción de una narrativa de 'herencia maldita', utilizando el proceso de empalme como una herramienta de legitimación política para justificar las dificultades económicas actuales. Al institucionalizar las denuncias a través de un documento oficial y la colaboración con los entes de control, el Ejecutivo busca trasladar el costo político de la crisis fiscal y el desorden administrativo hacia la administración saliente, consolidando una postura de fiscalización y transparencia. En este escenario, el Gobierno gana capital político al posicionarse como un gestor técnico y anticorrupción, mientras que el expresidente Petro y su equipo pierden legitimidad ante la opinión pública al ser señalados por presuntos patrones de saqueo y desidia. La narrativa se construye mediante el contraste entre la supuesta indolencia del pasado y la modernización tecnológica, mediante inteligencia artificial, que propone la nueva administración para blindar los recursos públicos.