Gobierno entrante y saliente chocan por adjudicación de contratos viales en La Guajira
Resumen
El equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella solicitó frenar la ejecución de contratos de infraestructura vial en La Guajira, adjudicados por el Gobierno saliente el pasado 27 de julio. La controversia se centra en 16 contratos de obra e interventoría que suman $3,2 billones y comprometen vigencias futuras hasta el año 2035. Los funcionarios entrantes, incluyendo a la designada ministra de Transporte Elsa Noguera y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, cuestionaron la oportunidad de estas decisiones a pocos días del cambio de mando.
La ministra de Transporte saliente, María Fernanda Rojas, defendió la legalidad de los procesos asegurando que fueron estructurados desde finales de 2025 bajo el Estatuto General de Contratación Pública. Según la funcionaria y el director de Invías, Juan Guillermo Jiménez, los proyectos cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y responden al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 para atender a las comunidades wayúu. La administración saliente enfatizó que la adjudicación fue resultado de licitaciones públicas con alta participación de proponentes.
El equipo de empalme anunció que realizará una revisión técnica, jurídica y financiera exhaustiva de los contratos una vez asuman el poder el 7 de agosto. Aunque el gobierno entrante aclaró que no se opone a la mejora de las vías terciarias, advirtió que evaluará la transparencia, la competencia efectiva y la viabilidad de los proyectos. La disputa refleja una tensión sobre la gestión de recursos públicos y la autonomía presupuestal entre la administración saliente y la entrante.
Análisis Político
La estrategia del gobierno entrante busca marcar un precedente de control fiscal y transparencia, utilizando la revisión de contratos como un mecanismo para auditar la herencia administrativa de su predecesor. Al cuestionar la oportunidad de las adjudicaciones, el equipo de De la Espriella construye una narrativa de 'gobierno responsable' que protege los recursos públicos, mientras intenta deslegitimar las acciones de cierre de la administración saliente, presentándolas como decisiones apresuradas que condicionan su capacidad de maniobra futura.
En este escenario, el gobierno saliente intenta blindar su gestión bajo el argumento de la continuidad institucional y el cumplimiento de mandatos judiciales, buscando que sus proyectos sean percibidos como políticas de Estado y no como decisiones políticas de último minuto. Gana el gobierno entrante al posicionarse como un fiscalizador riguroso ante la opinión pública, mientras que el gobierno saliente pierde capacidad de control sobre su legado, quedando expuesto a una revisión que podría derivar en la suspensión o modificación de sus proyectos insignia en la región.
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