El Gobierno decretó estado de catástrofe en la comuna de Las Condes apenas cinco horas después de un aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo, el cual dejó seis personas lesionadas y daños materiales. Esta celeridad generó cuestionamientos inmediatos por parte de autoridades regionales y ciudadanos, quienes compararon la medida con la gestión del sistema frontal de julio pasado en Coquimbo, donde el Ejecutivo tardó seis días en decretar la misma medida pese a registrarse 13 fallecidos. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el actuar gubernamental argumentando que las diferencias en los tiempos de respuesta obedecen a factores geográficos, de conectividad y a las distintas capacidades de gestión de los municipios. La controversia escaló cuando el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, calificó la situación como una muestra de centralismo, señalando que las regiones suelen ser postergadas en la atención de emergencias. El diputado Daniel Manouchehri también criticó la disparidad, sugiriendo que el Gobierno otorga mayor prioridad a las zonas acomodadas de la capital que a las regiones afectadas por desastres de mayor magnitud. Por su parte, el biministro de Obras Públicas, Louis de Grange, admitió que el Ejecutivo ha incorporado aprendizajes de eventos anteriores para mejorar la celeridad en la toma de decisiones administrativas. La emergencia en Las Condes también puso bajo la lupa la gestión de Senapred, debido a la ausencia de alertas SAE durante el evento. La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, justificó la falta de mensajería preventiva argumentando que el aluvión fue un fenómeno súbito que impidió procesos de evacuación anticipada. Mientras tanto, el Gobierno intentó mantener su agenda legislativa promulgando la Ley de Reconstrucción Nacional, buscando proyectar una imagen de gestión activa frente a las críticas por la supuesta doble vara en la atención de catástrofes.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la defensa de la institucionalidad y la tecnificación de la respuesta ante desastres, utilizando argumentos geográficos y administrativos para desarticular la narrativa de un trato preferencial hacia sectores acomodados. Al desviar el foco hacia las capacidades municipales y la conectividad, el Gobierno intenta neutralizar el costo político que implica la comparación con la tragedia de Coquimbo, buscando evitar que el evento sea percibido como una muestra de centralismo excluyente. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al reavivar la percepción de desigualdad territorial, un tema sensible en la política chilena que afecta su legitimidad en regiones. Por otro lado, la oposición y autoridades regionales ganan terreno al capitalizar el descontento, construyendo una narrativa de 'doble vara' que resuena con el electorado regionalista. La construcción de estas narrativas contrapuestas evidencia una tensión constante entre la gestión técnica de emergencias y la necesidad política de proyectar equidad territorial ante la opinión pública.