Gobierno concreta décimo vuelo de expulsión y suma 1.874 extranjeros deportados en 2026
Resumen
El Gobierno de Chile ejecutó este sábado su décimo vuelo de expulsión de la actual administración, trasladando a 56 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. El operativo, que incluyó 45 expulsiones administrativas y 11 judiciales, eleva la cifra total de deportaciones a 1.874 en lo que va de 2026. Las autoridades destacaron que entre los expulsados figuraban sujetos con antecedentes por tráfico de drogas, violación y órdenes de captura internacionales.
La Subsecretaría del Interior, junto al Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, presentó un balance que también contabiliza 10.345 salidas voluntarias de extranjeros en situación irregular durante el mismo periodo. El subsecretario Máximo Pavez enfatizó que la frecuencia de estos vuelos es tres veces superior al promedio mensual registrado por el gobierno anterior. Además, se reportó una disminución del 93,3% en las denuncias por ingreso irregular en la frontera respecto al año pasado.
El Ejecutivo vinculó estos resultados al Plan de Ordenamiento Migratorio y advirtió que continuarán las fiscalizaciones a empleadores que contraten a personas en situación irregular. Pese a las cifras presentadas, persisten desafíos estructurales, como las más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución. El debate legislativo sobre la tipificación de la migración irregular como delito continúa siendo un punto central en la agenda del Gobierno.
Análisis Político
La estrategia política del Ejecutivo se centra en la construcción de una narrativa de orden y eficacia mediante la exhibición de indicadores cuantitativos, buscando contrastar su gestión con la administración previa. Al enfatizar la frecuencia de los vuelos y la reducción de ingresos fronterizos, el Gobierno busca capitalizar políticamente la preocupación ciudadana por la seguridad y el control migratorio, consolidando su base electoral mediante acciones concretas de fuerza.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen mano dura, mientras que la oposición y los defensores de derechos humanos enfrentan dificultades para instalar una narrativa alternativa frente a la contundencia de las cifras de expulsión. El gran perdedor en términos de gestión es la persistencia de las órdenes de expulsión pendientes, lo que evidencia que, a pesar de los operativos, el volumen de migración irregular sigue superando la capacidad operativa del Estado para ejecutar las deportaciones.
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