El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que prepara un paquete de decretos para implementar la cotización por horas en Colombia a partir del 7 de agosto. Esta iniciativa busca utilizar disposiciones contenidas en la reforma laboral de 2025 para permitir que trabajadores independientes, microempresas y hogares realicen aportes a la seguridad social proporcionales al tiempo laborado. Según voceros del gobierno entrante, el marco legal actual ya contempla las herramientas necesarias para reglamentar esta modalidad mediante actos administrativos. La propuesta ha generado un fuerte choque con el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien desmintió que la reforma laboral vigente autorice el trabajo o la cotización por horas. El funcionario argumentó que la ley solo permite la cotización parcial por semanas para quienes ganan menos del salario mínimo, una figura que, según él, ya fue reglamentada por la administración saliente. Sanguino advirtió que intentar imponer el trabajo por horas mediante decretos podría derivar en una precarización de las condiciones laborales y una vulneración de los derechos de los trabajadores. Expertos y miembros del equipo de empalme sostienen que el modelo no busca reemplazar los contratos de tiempo completo, sino ofrecer flexibilidad a estudiantes, trabajadores domésticos y personas con jornadas variables. La discusión se centra en la interpretación de la Ley 2466 de 2025, la cual dejó pendientes varios desarrollos normativos que el nuevo gobierno pretende activar. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) tendría la responsabilidad de vigilar que este esquema no sea utilizado indebidamente para sustituir empleos de tiempo completo.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se basa en capitalizar las ambigüedades normativas de la reforma laboral sancionada en 2025 para implementar una agenda de flexibilización laboral sin necesidad de pasar por el Congreso. Al presentar esta medida como una oportunidad de formalización para sectores informales y jóvenes, el equipo de De la Espriella construye una narrativa de libertad económica y modernización del mercado laboral, buscando diferenciarse de la rigidez que atribuyen a la administración saliente. En este escenario, el gobierno saliente busca proteger su legado legislativo y evitar que se desvirtúe el espíritu de la reforma, posicionándose como el defensor de los derechos laborales frente a lo que denominan un posible engaño. Mientras el gobierno electo gana terreno político al mostrar capacidad de acción inmediata, el sector sindical y el actual Ministerio de Trabajo pierden influencia al intentar frenar una medida que, aunque técnica, tiene una alta carga ideológica sobre la estabilidad del empleo en el país.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, desautorizó públicamente a Charles Chapman, quien formaba parte de su equipo de empalme, tras las declaraciones de este último sobre una supuesta reglamentación del trabajo por horas. El gobierno entrante emitió un comunicado oficial aclarando que no se ha adoptado ninguna determinación sobre esta modalidad de contratación de cara al inicio de su administración el 7 de agosto. La oficina de comunicaciones enfatizó que las afirmaciones de Chapman no representan la postura oficial del mandatario ni de su equipo de gobierno. La controversia surgió luego de que Chapman sugiriera en entrevistas que el nuevo gobierno utilizaría decretos para implementar la cotización por horas, basándose en interpretaciones de la reforma laboral sancionada en 2025. El ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, calificó la propuesta como una forma de precarización laboral y celebró la rectificación del presidente electo. Sanguino insistió en que la ley vigente no autoriza el trabajo por horas y que cualquier intento en ese sentido sería ilegal. El equipo de De La Espriella lamentó que las declaraciones personales de un exintegrante del empalme generaran confusión en la opinión pública y entre los actores del mercado laboral. El comunicado oficial reiteró que cualquier decisión futura será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales autorizados. Con esta medida, el gobierno entrante busca cerrar el debate mediático y desmarcarse de las versiones que anticipaban cambios inmediatos en la estructura de contratación laboral.

Análisis político

La estrategia del gobierno electo se centra en el control de daños y la gestión de expectativas ante una opinión pública sensible a los cambios en derechos laborales. Al desautorizar y apartar a un miembro de su equipo de empalme, De La Espriella busca evitar una movilización social prematura y mantener la disciplina comunicativa, proyectando una imagen de orden frente a las interpretaciones de sus colaboradores. En este evento, el gobierno saliente gana terreno al posicionar su narrativa de defensa de los derechos laborales, obligando al entrante a retroceder en una propuesta que generaba resistencia. Mientras el gobierno electo intenta evitar el desgaste político antes de su posesión, la oposición y el actual Ministerio de Trabajo capitalizan el error de comunicación para cuestionar la agenda laboral del nuevo mandato, construyendo una narrativa de vigilancia constante sobre las futuras decisiones del Ejecutivo.

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que prepara un paquete de decretos para reglamentar el trabajo y la cotización por horas a partir del 7 de agosto. Esta iniciativa busca utilizar disposiciones contenidas en la reforma laboral de 2025 para permitir contratos especiales con aportes proporcionales a la seguridad social. Según integrantes del equipo de empalme, el marco legal vigente ya contempla las bases necesarias para implementar este esquema en microempresas, hogares y trabajadores independientes.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se centra en utilizar la flexibilidad normativa dejada por la administración anterior para cumplir una promesa de campaña sin necesidad de una nueva ley. Al presentar la medida como una herramienta de formalización y libertad de elección, el nuevo gobierno busca capitalizar el apoyo de sectores que demandan mayor dinamismo en el mercado laboral, mientras intenta evitar el costo político de una reforma estructural completa. El actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se opone a esta interpretación, argumentando que la ley solo permite cotizaciones parciales por semanas y no la contratación por horas, lo que evidencia una disputa narrativa sobre la precarización laboral. Mientras el gobierno electo gana terreno al posicionar la flexibilidad como un beneficio para jóvenes y trabajadores independientes, el gobierno saliente pierde influencia al intentar limitar el alcance de la reglamentación, dejando el desenlace sujeto a la interpretación jurídica de los decretos que se expedirán próximamente.

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella prepara un paquete de decretos para implementar la cotización a seguridad social por horas y jornadas parciales a partir del 7 de agosto. Según Charles Chapman, integrante del equipo de empalme, la medida se fundamenta en disposiciones de la reforma laboral de 2025 que permitirían reglamentar contratos especiales para microempresas, hogares e independientes. El objetivo es formalizar a trabajadores que laboran por días o en horarios flexibles, permitiendo aportes proporcionales al tiempo trabajado. La propuesta ha generado un fuerte choque con el gobierno saliente de Gustavo Petro. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la interpretación del equipo de empalme y advirtió que la ley vigente no autoriza el trabajo por horas, sino únicamente la cotización parcial por semanas ya reglamentada. Sanguino calificó la iniciativa como un intento de flexibilización laboral que podría precarizar las condiciones de los trabajadores y desvirtuar la protección de los derechos laborales básicos. Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mantienen su oposición histórica a esta figura, argumentando que afecta la estabilidad laboral y la acumulación de semanas para la pensión. Por su parte, los defensores de la medida sostienen que esta otorga libertad a los trabajadores para combinar empleos y acceder al sistema de seguridad social. La implementación final dependerá de la expedición de los decretos y de la capacidad de vigilancia de la UGPP para evitar abusos en la contratación.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante busca capitalizar las ambigüedades normativas de la reforma laboral de 2025 para implementar una agenda de flexibilización sin necesidad de pasar por el Congreso. Al presentar la medida como una oportunidad de 'libertad' y 'formalización', el equipo de De la Espriella intenta construir una narrativa de modernización del mercado laboral que resuene con sectores jóvenes y microempresarios, distanciándose de la rigidez del modelo anterior. En este escenario, el gobierno saliente busca proteger su legado legislativo, intentando limitar el alcance de los decretos mediante una interpretación restrictiva de la ley. Gana el gobierno entrante al posicionar un tema de alto impacto mediático desde su primer día, mientras que los sindicatos y el sector oficialista pierden capacidad de maniobra al enfrentarse a una reglamentación técnica que, según el equipo de empalme, ya cuenta con un marco legal habilitante.