Gobierno e INDH enfrentados por proyecto de ley de legítima defensa policial
Resumen
El proyecto de Ley Naín-Retamal 2.0, que busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que se encuentren fuera de servicio, ha generado un fuerte conflicto entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El organismo emitió un informe advirtiendo que la iniciativa podría derivar en impunidad de facto y dificultar la investigación de abusos en el uso de la fuerza. La propuesta, que será discutida la próxima semana en el Senado, cuenta con el respaldo de parlamentarios de la Comisión de Constitución, quienes discrepan de las observaciones técnicas del instituto.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el informe como una muestra de una "mirada ideológica" desconectada de la realidad y acusó al INDH de resistirse al fortalecimiento de las policías. El secretario de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno con la agenda de seguridad, asegurando que no retrocederán en la protección jurídica de los funcionarios ante la creciente violencia criminal. Estas declaraciones fueron difundidas a través de redes sociales, intensificando la tensión política en torno a la tramitación legislativa.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, respondió cuestionando el tono y la modalidad de las críticas del ministro, señalando que no corresponden a la relación de respeto que debe existir entre instituciones del Estado. Ljubetic defendió la labor del organismo, subrayando que el informe fue aprobado por unanimidad y busca armonizar la seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, en el Congreso, algunos sectores oficialistas han planteado la posibilidad de revisar el financiamiento del instituto en el marco de la discusión presupuestaria.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar la demanda ciudadana por mayor seguridad, utilizando un discurso confrontacional contra organismos autónomos para consolidar su base electoral y presionar por la aprobación de su agenda legislativa. Al etiquetar al INDH como un actor ideologizado, el Ejecutivo busca desplazar el debate técnico sobre la carga de la prueba hacia una dicotomía entre el respaldo a las fuerzas de orden y la supuesta obstrucción de los derechos humanos.
En este escenario, el Gobierno gana terreno al posicionarse como un actor decidido frente a la delincuencia, mientras que el INDH corre el riesgo de quedar aislado institucionalmente ante las amenazas de recortes presupuestarios. La narrativa del Ejecutivo construye al instituto como un obstáculo para la eficacia policial, mientras que el INDH intenta mantener su relevancia apelando a la institucionalidad y al equilibrio normativo, enfrentando una creciente presión política que busca limitar su capacidad de incidencia en el debate público.
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