El Presidente José Antonio Kast enfrenta presiones de sectores oficialistas y del Partido Nacional Libertario para realizar un acto oficial o conceder indultos a exuniformados condenados durante el estallido social de 2019. Ante la proximidad del séptimo aniversario, el mandatario ha declinado confirmar medidas especiales, enfatizando que su gestión se centra en la reconstrucción del país y en una mirada de futuro. Kast calificó el 18 de octubre como un periodo complejo marcado por la violencia y expresó su deseo de que no se repita. La postura del Ejecutivo ha generado críticas desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder, Johannes Kaiser, acusó al Gobierno de evadir temas complejos y de no asumir una posición clara frente a un hito que, a su juicio, fue un golpe de Estado. Mientras tanto, sectores del oficialismo preparan una declaración conjunta titulada "Chile sin violencia: un compromiso por la paz" para condenar los hechos de 2019. Otros parlamentarios de derecha han solicitado mayor celeridad en el cumplimiento de los compromisos presidenciales respecto a los indultos para los uniformados. En paralelo, organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su rechazo a cualquier medida de indulto, advirtiendo sobre las consecuencias para las víctimas y posibles cuestionamientos internacionales. El Gobierno, por su parte, ha mantenido su agenda enfocada en la promoción de inversiones y la seguridad, buscando evitar que el aniversario del estallido social recupere la centralidad en la agenda política nacional. La administración insiste en que su prioridad son las urgencias ciudadanas, como el empleo y la reactivación económica.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de Kast busca despolitizar el aniversario del 18-O para evitar que la agenda pública se vea capturada por debates sobre el pasado, optando por una narrativa de reconstrucción y gestión económica. Al evitar actos oficiales, el Ejecutivo intenta neutralizar la polarización, aunque esta táctica genera fricciones con sectores de su propia base que exigen gestos simbólicos y beneficios penales para uniformados, elementos que fueron parte de la plataforma electoral del mandatario. En este escenario, el Presidente Kast mantiene el control de la agenda al no ceder ante las presiones, lo que le permite evitar compromisos inmediatos, aunque arriesga desgastar su relación con los sectores más radicales de la derecha. Por otro lado, el Partido Nacional Libertario intenta capitalizar el descontento de estos grupos, construyendo una narrativa de "evasión" por parte del Gobierno, lo que les permite diferenciarse y posicionarse como los verdaderos defensores de sus banderas ideológicas originales.