El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desmintió las cifras reportadas por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respecto a la muerte y movilización de ganado atribuidas al fenómeno de El Niño. La entidad estatal afirmó que, tras contrastar los datos con sus registros oficiales de Guías Sanitarias de Movilización Interna y reportes de mortalidad, no se hallaron comportamientos atípicos en departamentos como Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico. Por el contrario, el ICA reportó una disminución en la movilización de bovinos en comparación con los años 2024 y 2025. Fedegán había informado previamente pérdidas superiores a los 95.000 millones de pesos, contabilizando más de 19.000 animales muertos y cientos de miles de hectáreas afectadas. El gremio ganadero sostenía que el impacto climático afectaba al 60% del territorio nacional, justificando así la magnitud de la emergencia declarada por el sector. Estas cifras fueron utilizadas por el gremio para dimensionar la crisis que enfrentan los productores rurales ante las condiciones climáticas extremas. La controversia subraya una discrepancia fundamental entre la información oficial del Estado y los balances presentados por el gremio ganadero. El ICA enfatizó que cualquier dato sobre afectaciones agropecuarias debe ser verificable y trazable para la toma de decisiones públicas. Mientras el gremio insiste en la gravedad de la situación, la autoridad sanitaria mantiene que no existe evidencia técnica que respalde un incremento inusual en la mortalidad del ganado.

Análisis político

La confrontación de cifras revela una estrategia de presión política por parte del gremio ganadero, que busca visibilizar una crisis sectorial para asegurar la atención estatal y la asignación de recursos públicos. Al inflar o presentar datos no validados, Fedegán intenta posicionar una narrativa de emergencia que obligue al Gobierno a intervenir con mayores subsidios o medidas de alivio, mientras que el ICA, como brazo técnico del Estado, busca deslegitimar esta narrativa para evitar la creación de políticas públicas basadas en información que considera inexacta. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad técnica al imponer el rigor de sus registros oficiales, debilitando la capacidad de interlocución del gremio al cuestionar su credibilidad estadística. Por su parte, Fedegán pierde terreno en la discusión pública al ser confrontado directamente por la autoridad sanitaria, lo que dificulta su capacidad para movilizar opinión pública bajo la premisa de una catástrofe incontrolable. La construcción de la realidad se convierte así en un campo de batalla donde la veracidad de los datos determina quién controla la agenda de inversión y atención estatal.