El Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto para establecer un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, con el fin de centralizar datos sobre su ubicación, autoridades y número de integrantes. El Gobierno argumenta que actualmente existe información fragmentada que dificulta la interlocución, la coordinación de medidas de protección y la reparación de los pueblos originarios. La propuesta enfatiza que el registro sería voluntario y no constituiría un requisito para acceder a garantías estatales. Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazaron la iniciativa al considerar que representa un riesgo de vigilancia, estigmatización y posible judicialización de sus miembros. La Defensoría del Pueblo y diversos analistas también cuestionaron la medida, señalando que la guardia indígena no requiere ser administrada ni caracterizada por el Estado para ejercer su labor de defensa territorial. Además, se advirtió que el proyecto carece de una consulta previa con las comunidades afectadas. La controversia se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo, que incluyen cambios en la regulación de la protesta social. Mientras el Gobierno sostiene que busca mejorar la eficiencia administrativa, los líderes indígenas insisten en que su autonomía y autoridad ancestral no dependen de un reconocimiento estatal. El borrador permanecerá abierto para comentarios públicos hasta el 4 de octubre.

Análisis político

La estrategia del Gobierno busca ejercer un mayor control administrativo sobre actores territoriales clave bajo el argumento de la eficiencia y la articulación institucional. Al intentar centralizar la información de las guardias, el Ejecutivo pretende reducir la incertidumbre sobre quiénes operan en los territorios, una táctica que busca normalizar la relación entre el Estado y las autoridades indígenas bajo una lógica de gestión pública centralizada. El principal perdedor político es la autonomía indígena, que ve en esta medida una amenaza a su autodeterminación y un posible instrumento de control estatal. Por su parte, el Gobierno asume un costo político al enfrentar la resistencia de organizaciones sociales, mientras construye una narrativa de orden y legalidad que busca atraer a sectores que exigen mayor control sobre los movimientos sociales y sus mecanismos de protección.