El Presidente José Antonio Kast anunció la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete legislativo que incluye una reforma constitucional para elevar la seguridad pública a deber del Estado. La iniciativa contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción, el fortalecimiento de atribuciones policiales y la creación de una agencia para el decomiso de bienes ilícitos. El Ejecutivo busca despachar estas medidas antes de Navidad, apoyándose en una estrategia de coordinación parlamentaria liderada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Análisis político

La estrategia del Gobierno busca capitalizar el éxito de su reciente megarreforma económica para transitar hacia una agenda de seguridad que responda a sus promesas de campaña. Se observa una táctica de presión legislativa que intenta aprovechar la actual composición del Senado antes de posibles cambios en el quórum, mientras el Ejecutivo intenta consolidar una narrativa de 'mano dura' frente a la delincuencia organizada. El Gobierno gana al posicionar su agenda en el centro del debate público, pero arriesga al enfrentar críticas por la falta de medidas sobre inteligencia financiera y secreto bancario. La oposición se divide entre sectores dispuestos a negociar y otros que denuncian la falta de profundidad técnica, lo que obliga a La Moneda a decidir entre mantener su estilo de mayorías mínimas o construir consensos transversales para evitar que sus reformas sean revertidas en el futuro.