El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, instó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a radicar con mensaje de urgencia el proyecto de estatuto antiterrorista. Esta iniciativa busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo por seis meses para reglamentar la oficina del Alto Comisionado contra el Terrorismo, gestionar la aprehensión preventiva de bienes y regular licencias para proveedores de criptoactivos. El congresista sostiene que la lucha contra el crimen organizado no admite demoras y requiere instrumentos estatales adaptados a los desafíos actuales. El proyecto, que cuenta con el respaldo de los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, contempla la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y la implementación de medidas para congelar activos en 24 horas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, detalló que la propuesta incluirá más de 130 artículos destinados a desmantelar las finanzas de estructuras criminales. La iniciativa será tramitada como ley estatutaria, lo que exige una mayoría absoluta en el Congreso y una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. La propuesta ha generado una marcada división política en el Legislativo. Mientras sectores del oficialismo defienden la necesidad de terminar con la complacencia hacia los grupos armados, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ha calificado el articulado como una posible amenaza dictatorial. Cepeda advierte que la amplitud en la definición de terrorismo y las facultades administrativas para señalar personas podrían derivar en violaciones a los derechos fundamentales y a la protesta social.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno y sus aliados se centra en capitalizar la legitimidad de una política de seguridad de 'mano dura' para consolidar su agenda legislativa en los primeros meses de mandato. Al solicitar el mensaje de urgencia, el Centro Democrático busca acelerar la aprobación de herramientas administrativas que le permitan al Ejecutivo actuar con mayor discrecionalidad en el orden público, desplazando el debate hacia la eficacia operativa frente a la criminalidad. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra y control sobre la narrativa de seguridad, mientras que la oposición, liderada por el Pacto Histórico, intenta posicionarse como el garante de las libertades civiles y el debido proceso. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo etiqueta la oposición como una forma de complacencia con el delito, mientras que la oposición enmarca la propuesta como un riesgo autoritario, buscando movilizar a sectores críticos frente a la concentración de poder en el Ejecutivo.