El Ministerio del Trabajo confirmó que el salario mínimo de 2026, fijado en 1.750.905 pesos más auxilio de transporte, permanece vigente y no ha sufrido modificaciones. La ministra Natalia López Fuentes desmintió categóricamente los rumores sobre una posible reducción del incremento del 23 % o la obligación de los trabajadores de devolver dineros ya percibidos. Esta aclaración responde a la incertidumbre generada por las demandas de nulidad que cursan actualmente en el Consejo de Estado contra el decreto que estableció dicho aumento. La cartera laboral enfatizó que la existencia de procesos judiciales en curso no suspende automáticamente los efectos jurídicos de la norma ni altera las obligaciones salariales de los empleadores. El Gobierno instó a la ciudadanía a ignorar versiones falsas que buscan generar miedo y confusión, recomendando consultar únicamente los canales oficiales para obtener información sobre sus derechos laborales. Asimismo, el Ministerio reiteró su respeto por la autonomía de la rama judicial mientras el alto tribunal avanza en la etapa de sentencia anticipada. Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha solicitado formalmente al Consejo de Estado la nulidad del decreto, argumentando que el Gobierno anterior omitió parámetros legales obligatorios como la productividad y la capacidad económica de las empresas. El gremio aclaró que su intención no es afectar los ingresos de los trabajadores ni exigir reembolsos, sino asegurar que la fijación del salario mínimo se ajuste estrictamente a las reglas establecidas en la ley. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso sin que se haya emitido un fallo definitivo hasta la fecha.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la contención de crisis mediante la comunicación directa para evitar la desestabilización social y económica, utilizando un discurso de protección a los derechos adquiridos de los trabajadores. Al desvincular el proceso judicial de la vigencia inmediata del salario, el Ejecutivo busca neutralizar la narrativa de incertidumbre que, según el Ministerio, es promovida por actores interesados en generar confusión. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante la base trabajadora al posicionarse como garante de la estabilidad financiera de los hogares, mientras que Fenalco intenta capitalizar el descontento empresarial mediante una batalla jurídica por la legalidad técnica del decreto. La construcción de narrativas es divergente: el Gobierno apela a la tranquilidad y la seguridad jurídica de los salarios ya pagados, mientras que el gremio empresarial se enfoca en la rigurosidad procedimental y el cumplimiento de los criterios económicos establecidos por la ley.