La discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2027 ha comenzado en Colombia bajo la administración de Abelardo de la Espriella. El Ejecutivo ha señalado que el ajuste debe considerar indicadores técnicos como la inflación y la productividad, distanciándose de los incrementos porcentuales elevados registrados en años anteriores. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, calificó las políticas salariales previas como populistas y advirtió que aumentos excesivos afectan la inflación y el poder adquisitivo. El debate toma como referencia el aumento del 23,7% aplicado por el gobierno de Gustavo Petro para 2026, el cual fue fijado de manera unilateral tras la falta de consenso en la mesa de concertación. Actualmente, el salario mínimo básico se sitúa en $1.750.905, cifra que alcanza los $2.000.000 al incluir el auxilio de transporte. La nueva administración ha descartado una reducción del ingreso actual, calificándolo como una conquista social que debe protegerse. Analistas y el Banco de la República han advertido sobre los riesgos de realizar ajustes que superen ampliamente la inflación, señalando que esto podría presionar los costos de las empresas y afectar la contratación formal. Se barajan escenarios de incremento entre el 5% y el 7%, basados en el comportamiento de la inflación anual. La negociación formal buscará equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas privadas.

Análisis político

La estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella se centra en una narrativa de responsabilidad técnica y ortodoxia económica, buscando diferenciarse explícitamente de la gestión de Gustavo Petro. Al enfatizar la relación entre el salario mínimo, la inflación y la productividad, el Ejecutivo intenta ganar la confianza del sector empresarial y de los organismos técnicos, posicionándose como un administrador que prioriza la estabilidad macroeconómica sobre el impacto político inmediato. En este escenario, el Gobierno busca capitalizar el descontento empresarial generado por los aumentos previos, mientras intenta evitar un costo político con los trabajadores al asegurar que no habrá recortes. Los grandes perdedores potenciales son los sectores que esperaban incrementos salariales agresivos, mientras que el Gobierno gana legitimidad ante los gremios económicos al proponer una negociación basada en indicadores técnicos, trasladando la responsabilidad de la concertación a la mesa tripartita.