El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de la asistencia internacional tras el terremoto de magnitud 7,4. Mientras el canciller Omar Bula y la Cancillería aseguran que no se ha excluido a ningún país por razones ideológicas, diversos reportes señalaron que inicialmente se rechazaron equipos de búsqueda y rescate. La administración sostiene que la prioridad es canalizar la ayuda de manera efectiva y técnica, evitando el caos logístico en las zonas afectadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aclaró que solo se aceptan equipos de búsqueda y rescate que cumplan con protocolos internacionales y sean autónomos, citando a países como Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Esta decisión generó críticas debido a que otros ofrecimientos, incluyendo los de México y la ONU, no fueron formalizados o fueron desestimados inicialmente. El director de la UNGRD, David Tamayo, justificó la selección basándose en la capacidad operativa y la falta de costos adicionales para los municipios. La controversia se intensificó tras declaraciones de mandatarios extranjeros como Nayib Bukele, quien afirmó que el Gobierno colombiano no requería apoyo humano en las primeras etapas de la emergencia. A pesar de las tensiones, el Ejecutivo ha confirmado la recepción de insumos humanitarios de diversas naciones y mantiene diálogos con organismos como la Unión Europea. La reconstrucción a largo plazo sigue siendo un desafío, con el Gobierno iniciando la evaluación de daños y la planificación de subsidios para los damnificados.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la centralización técnica de la emergencia para evitar la desorganización, utilizando la Ley 1523 de 2012 como escudo institucional frente a las críticas. Al priorizar equipos de países aliados ideológicamente, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de control y soberanía, aunque esto le cuesta la percepción de estar politizando una crisis humanitaria. La narrativa oficial intenta desvincular la gestión de la ayuda de cualquier sesgo, mientras que la oposición y sectores críticos señalan una falta de celeridad en la activación de protocolos internacionales vitales para salvar vidas. En este evento, el Gobierno gana control sobre la narrativa de la eficiencia operativa, pero pierde capital político al exponerse a acusaciones de negligencia por motivos ideológicos. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo enfatiza la 'efectividad' y el 'orden' para justificar la selección de cooperantes, los actores internacionales y críticos subrayan la 'exclusión' y la 'burocracia' como barreras que pudieron costar vidas. Esta polarización en la interpretación de los hechos refleja la desconfianza existente hacia la administración de De la Espriella en momentos de alta vulnerabilidad nacional.