El Ministerio de Desarrollo Social y Familia inició la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en once comunas de la Región Metropolitana, incluyendo Las Condes, Puente Alto y Lo Barnechea. Este proceso busca catastrar a aproximadamente 200 hogares afectados por las intensas lluvias y aluviones recientes. La ministra María Jesús Wulf detalló que el levantamiento de información se realiza de forma presencial mediante equipos municipales certificados y una nueva aplicación digital para agilizar el registro. La autoridad enfatizó que la FIBE es una herramienta de diagnóstico para conocer la magnitud de los daños y no garantiza automáticamente la entrega de bonos o ayudas económicas. La definición de beneficios estatales dependerá de los resultados obtenidos en este catastro y de la capacidad de respuesta de cada municipio. El Gobierno mantiene un monitoreo permanente del proceso y ha señalado que los plazos pueden extenderse según las necesidades locales. La gestión del catastro se realiza a solicitud de los municipios, quienes tienen la responsabilidad primaria en la aplicación de la ficha. La ministra Wulf destacó que el objetivo central es proteger la vida de las personas y asegurar que cuenten con espacios seguros, priorizando la atención a grupos vulnerables como niños y mujeres embarazadas. Las familias que no se encuentren en sus hogares durante las visitas pueden solicitar la aplicación de la ficha posteriormente a través de sus respectivos municipios.

Análisis político

La estrategia gubernamental se centra en la descentralización operativa, delegando la ejecución del catastro a los municipios para asegurar una respuesta territorial más rápida y eficiente. Al desvincular la aplicación de la ficha de la entrega inmediata de bonos, el Ejecutivo busca gestionar las expectativas ciudadanas y evitar el desgaste político que genera la promesa de ayudas económicas no concretadas, manteniendo el control sobre la asignación de recursos según la magnitud real del daño. El Gobierno gana legitimidad al mostrar presencia en terreno y coordinación interministerial, mientras que los municipios asumen el rol de primera línea ante la ciudadanía. La narrativa oficial se construye bajo el concepto de 'actuar a tiempo' y 'monitoreo permanente', buscando proyectar una imagen de eficiencia técnica. Por otro lado, los damnificados quedan en una posición de incertidumbre respecto a la ayuda final, lo que traslada la presión política hacia los gobiernos locales si los beneficios no cumplen con las necesidades de los afectados.