El Gobierno de Chile excluyó el financiamiento del programa 'Yo elijo mi PC' del proyecto de Presupuesto 2027, argumentando que evaluaciones técnicas demuestran un impacto nulo en el rendimiento escolar y problemas de implementación. La ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, defendieron la medida como un reordenamiento estratégico de los fondos públicos. Pese a la postura inicial, el Ejecutivo manifestó disposición para discutir la continuidad del beneficio durante la tramitación legislativa en el Congreso. La decisión provocó un rechazo transversal que incluye a parlamentarios de oposición, oficialismo y diversos alcaldes. Figuras como Sebastián Sichel y Jaime Bellolio calificaron la medida como un error, argumentando que el acceso a tecnología es fundamental para reducir brechas digitales. Por su parte, la bancada de la UDI propuso reasignar recursos desde otras áreas, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para mantener el programa. Como respuesta directa a la exclusión presupuestaria, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que el municipio financiará la entrega de computadores para sus estudiantes. Organizaciones estudiantiles y gremios docentes también se sumaron a las críticas, señalando que el computador es una herramienta de trabajo esencial. La controversia se mantiene abierta mientras se espera el inicio del debate formal en el Congreso Nacional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se basa en la tecnocracia y la eficiencia del gasto público, utilizando evaluaciones de la Dipres para justificar recortes bajo el argumento de 'cero impacto' en el aprendizaje. Esta narrativa busca posicionar al Ejecutivo como un administrador responsable que prioriza resultados sobre políticas heredadas, aunque el costo político es alto al enfrentar una oposición que utiliza el lenguaje de la equidad y el derecho a la educación para capitalizar el descontento social. En este escenario, los alcaldes y parlamentarios que se oponen al recorte ganan terreno al presentarse como defensores de los derechos de los estudiantes, construyendo una narrativa de 'indolencia' gubernamental. El Gobierno pierde al quedar aislado en una postura técnica que es percibida como insensible, obligándolo a abrir una ventana de negociación en el Congreso para evitar un desgaste mayor, mientras que la oposición y los ediles oficialistas logran visibilidad política al ofrecer soluciones locales ante la supuesta negligencia central.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió excluir el programa Yo Elijo mi PC de la Ley de Presupuestos 2027, dejando sin financiamiento una iniciativa que durante 17 años entregó computadores a estudiantes de séptimo básico. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, justificaron la medida argumentando que el programa presentaba problemas de implementación, hallazgos negativos en evaluaciones técnicas y un impacto insuficiente en el aprendizaje escolar. La decisión implica el cese de una política que en 2026 benefició a más de 96 mil estudiantes con una inversión cercana a los 35 mil millones de pesos. La medida provocó una reacción crítica transversal que incluyó a parlamentarios de oposición y figuras del propio oficialismo. Alcaldes como Sebastián Sichel y Tomás Vodanovic calificaron la eliminación como un error grave que afecta a los sectores más vulnerables, mientras que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que su municipio asumirá el costo de los equipos para sus estudiantes. Otros ediles, como la alcaldesa de Las Condes, sugirieron que el programa debería ser reformado y mejorado en lugar de ser suprimido totalmente. La ministra de Educación reconoció que el futuro del beneficio sigue abierto a la discusión legislativa durante la tramitación del erario nacional en el Congreso. El Ejecutivo mantiene su postura de reorientar los recursos hacia otras áreas educativas bajo criterios de eficiencia y control del gasto fiscal. La controversia se mantiene activa mientras los diversos actores políticos se preparan para debatir la partida presupuestaria en las subcomisiones correspondientes.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la austeridad fiscal y la reingeniería del gasto público, utilizando informes técnicos y hallazgos de auditorías previas para justificar el recorte de programas emblemáticos. Esta táctica busca posicionar al Gobierno como un administrador eficiente que prioriza resultados medibles sobre la inercia de políticas públicas heredadas, aunque esto implique un alto costo político al enfrentar la resistencia de alcaldes y parlamentarios que ven en la eliminación de beneficios sociales una vulneración a la equidad educativa. El Gobierno asume el riesgo de ser percibido como insensible ante las necesidades de las familias vulnerables, lo que beneficia a la oposición y a los sectores críticos del oficialismo, quienes capitalizan el descontento social para defender el rol del Estado. La narrativa se divide entre la tecnocracia gubernamental, que enfatiza la efectividad del gasto, y la visión de los críticos, que construye una narrativa de protección social y defensa de la educación pública, dejando el desenlace del programa sujeto a la capacidad de negociación política en el Congreso.