Gobernador de Putumayo propone erradicación manual de coca ante plan de aspersión aérea
Resumen
El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, presentó una propuesta para que las comunidades campesinas erradiquen manualmente 1.000 hectáreas de coca en un plazo de 15 días. Esta iniciativa surge como alternativa al plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio anunciado por el Gobierno Nacional, el cual ha generado zozobra y temor en la población rural debido a antecedentes de afectaciones a la salud y al medio ambiente. El mandatario departamental enfatizó que la viabilidad de este proceso depende de un compromiso real del Estado con la inversión social en infraestructura, electrificación y líneas productivas lícitas.
La situación en el departamento es crítica, con cerca de 40.500 hectáreas de coca y aproximadamente 22.000 familias que dependen económicamente de este cultivo. El Gobierno Nacional ha respondido a la tensión social y a los fallos judiciales que frenaron la aspersión mediante la preparación de una visita de cinco ministros al territorio. El objetivo de este encuentro es escuchar a las comunidades y construir una ruta de sustitución que permita avanzar en la erradicación sin recurrir exclusivamente a la fuerza o a químicos.
Paralelamente, el Gobierno enfrenta obstáculos legales significativos, ya que un análisis técnico reveló que el 86,7% de los cultivos de coca en Putumayo no pueden ser fumigados por estar protegidos bajo programas de sustitución, resguardos indígenas o zonas ambientales. Mientras el Tribunal Superior de Putumayo resuelve la impugnación presentada por el Ejecutivo contra la suspensión judicial de la aspersión, el departamento también gestiona el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, donde permanecen excombatientes bajo supervisión estatal.
Análisis Político
La estrategia del gobernador Molina se centra en la mediación y la descentralización del conflicto, posicionándose como un puente entre las demandas de las asociaciones cocaleras y la política de seguridad del Gobierno Nacional. Al proponer una erradicación manual rápida, el mandatario busca deslegitimar la necesidad de la aspersión aérea, capitalizando el temor histórico de la población hacia los químicos y trasladando la responsabilidad de la solución hacia la inversión social, lo que le permite ganar legitimidad política ante sus electores rurales.
Por otro lado, el Gobierno Nacional intenta mantener su narrativa de autoridad y control territorial mediante la impugnación judicial y el despliegue ministerial, aunque su margen de maniobra es limitado por las restricciones legales y ambientales. Mientras el Gobierno pierde capacidad de acción inmediata debido a los fallos judiciales, los actores locales ganan poder de negociación al condicionar la erradicación a la presencia estatal integral, transformando un problema de orden público en una agenda de desarrollo regional.
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